México, 10 de julio.- Como parte de su compromiso con el fortalecimiento del Estado de derecho y la seguridad pública, la presidenta Claudia Sheinbaum, envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional que busca facultar al Congreso para legislar en materia de extorsión, delito considerado de alto impacto y cuya incidencia ha crecido de forma alarmante en los últimos años.
La propuesta plantea modificar el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de otorgar al Congreso la competencia para expedir una legislación general en materia de extorsión.
De acuerdo con el Ejecutivo Federal, el objetivo es establecer un marco normativo homogéneo que permita prevenir, investigar, perseguir y sancionar de manera efectiva este delito en los tres órdenes de gobierno.
En la exposición de motivos, el gobierno federal reconoce que la extorsión es un fenómeno criminal que se ha expandido y diversificado en sus formas de comisión, afectando no solo a personas en lo individual, sino también al sector empresarial, comercial y al funcionamiento del propio Estado.
“La extorsión no es una conducta menor”, señala el documento.
“Se ha convertido en una herramienta de control económico y social por parte de la delincuencia organizada, que no sólo amenaza a particulares, sino también a instituciones públicas, utilizando este delito como vía para financiar otras actividades delictivas”.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre 2022 y enero de 2025 se contabilizaron más de 32 mil víctimas de extorsión en el país.
Solo en enero de este año, se reportó un promedio diario de 29.77 casos, cifra que representa un aumento del 57.62% respecto a 2018.
El Estado de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León concentran más del 60% de las denuncias.
Uno de los principales problemas identificados por la iniciativa presidencial es la disparidad normativa entre el ámbito federal y las entidades federativas.
Actualmente, el delito de extorsión está regulado tanto en el Código Penal Federal como en los códigos penales locales, con distintas definiciones, modalidades, agravantes y penalidades.
Por ejemplo, mientras que la ley federal establece penas de dos a ocho años de prisión, en estados como Oaxaca se castiga con apenas uno a tres años, y en Chihuahua puede alcanzar hasta 30 años.
En cuanto a las multas, el rango es igualmente disparejo, desde 36 mil pesos en algunas entidades, hasta 691 mil pesos en Coahuila.
Esta falta de armonización, indica el Ejecutivo, impide una política criminal coherente y efectiva, y genera incentivos negativos para la persecución y sanción del delito.
La propuesta de reforma se enmarca en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024–2030 y en el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030, que reconocen la extorsión como un delito prioritario por su impacto social y económico.
Por ello, se plantea una legislación general que homologue el tipo penal y sus sanciones, establezca mecanismos de colaboración interinstitucional, y articule las capacidades del Estado para hacer frente a este fenómeno delictivo.
Entre los elementos que incluiría dicha legislación se encuentran:
• La definición clara y amplia del delito de extorsión y sus distintas modalidades.
• La coordinación efectiva entre autoridades federales, estatales y municipales.
• El uso de inteligencia, tecnología e informática en la investigación.
• Programas de formación especializada para cuerpos de seguridad y procuración de justicia.
• Canales seguros y eficaces de denuncia.
• Medidas de protección integral para víctimas, ofendidos y testigos.
• Estrategias de prevención desde los centros penitenciarios, para evitar que estos delitos se orquesten desde el interior de los mismos.El Ejecutivo Federal subraya que la extorsión es uno de los delitos que más lastima a la ciudadanía y que, a pesar de su gravedad, no ha sido enfrentado con los instrumentos jurídicos adecuados.
La falta de una legislación general, agrega, ha derivado en respuestas parciales, ineficaces y desarticuladas, lo cual ha permitido que la delincuencia organizada siga explotando esta modalidad criminal con impunidad.
“Combatir la extorsión mediante una estrategia articulada, con una legislación adecuada, no es sólo un imperativo legal, sino también un deber ético del Estado mexicano”, sostiene el texto de la iniciativa.
Además, se recuerda que en 2022 el Observatorio Nacional Ciudadano emitió una alerta sobre la carencia de herramientas legales y operativas para hacer frente a las nuevas formas de extorsión, lo que refuerza la necesidad de una intervención legislativa de alcance nacional.
