México, 19 de abril de 2021.- Las comisiones unidas de Energía y Estudios Legislativos Segunda del Senado, aprobaron por 17 votos en pro y 10 en contra la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Ley de Hidrocarburos, que tiene como propósito reforzar el control estatal en la distribución y procesamiento de hidrocarburos.
La Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) podrán realizar la ocupación temporal y/o la intervención de instalaciones de comercialización o almacenamiento de combustibles, a fin de garantizar los derechos de la nación.
La reforma robustece también el marco jurídico en materia de contrabando de combustibles.
Se establece la cancelación de permisos a las empresas expendedoras de gasolinas, que vendan combustibles robados o de contrabando.
Con esta reforma se impone un almacenamiento “mínimo” de petrolíferos a las empresas participantes.
Se prevé la suspensión de permisos a los privados, a fin de garantizar los intereses de la nación o, cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional.
Los solicitantes de un permiso tendrá que demostrar, cuando así sea requerido por otra disposición jurídica, la capacidad de almacenamiento legalmente establecida.
Igualmente, la reforma evita que por el simple transcurso del tiempo, se ceda un permiso para llevar a cabo las actividades del sector energético a algún agente que pudiera no estar calificado para ello.
La oposición afirmó que esta ley es inconstitucional, porque pone barreras a la competencia y atenta contra los derechos adquiridos por su retroactividad.
Julen Rementeria, vicecoordinador del PAN:
“La ley embudo, una ley confiscatoria, una ley expropiatoria. (…) Se está instaurando en nuestro país la discrecionalidad, las facultades metaconstitucionales que le están dando a la Secretaría de Energía. (…) Lo que encontramos es simplemente un avasallamiento tremendo al sector. (…) Cuando la realidad es simplemente confiscar, expropiar y requisar todo lo que puedan hacer. (…) Es un peligro inminente para poder lograr en México la estabilidad hasta del precio de los combustibles, (…) que esta reforma podría traer la elevación de los precios de los combustibles. (…) Que logra la verdadera incertidumbre y que le da todas las facultades al gobierno para hacer y deshacer en este sector”.
La priísta Claudia Ruiz Massieu:
“Estamos ante una propuesta abiertamente inconstitucional, que no sólo es contraria al régimen de derechos, también seguirá minando la certidumbre para las inversiones en el país creando condiciones desfavorables para la recuperación económica. (…) Las reformas planteadas conculcan la libertad de concurrencia, la libertad de competencia y el principio de legalidad al restringirse indebidamente la participación de los particulares en actividades que la Constitución hoy les permite. (…) En conjunto estas reformas que están planteando desalientan la inversión en el sector de hidrocarburos, promueven los monopolios, inhiben la competencia y reducen los espacios para la participación de empresas privadas creando barreras de entrada al mercado. (…) Esta reforma les adelanto no va a resistir la revisión jurisdiccional, la obediencia ciega quedará sin efectos ante la justicia imparcial”.
El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera:
“Una disminución en la inversión total. (…) También comparto la opinión que en el ámbito judicial esto va a tener una repercusión clarísima que es advertir la barrera de entrada en este rubro. (…)”.
Se contempla la negativa ficta para el trámite de permisos.
La legislación regula tanto el tratamiento como la refinación de petróleo, el procesamiento de gas natural y la exportación e importación de hidrocarburos y petrolíferos.
También, contempla el transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción, descompresión, regasificación, comercialización y su expendio al público.
El dictamen se envió a la Mesa Directiva del Senado, para su eventual análisis y discusión en el pleno.