México, 3 de diciembre de 2019.- México, 3 de diciembre de 2019.- Por unanimidad de votos el Senado aprobó una ley para poner fin al plagio de los diseños indígenas de los pueblos originarios.
Se busca que los grandes diseñadores que copian diseños de prendas y artículos indígenas para venderlos a costos muy altos tengan la obligación de contar con los derechos o licencia para su explotación comercial.
Con la nueva Ley de Salvaguardia de los Conocimientos, Cultura e Identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, avalada con 105 votos en pro, se castigará el uso, aprovechamiento, comercialización o explotación sin consentimiento, mismos que serán sancionados hasta con 10 años de prisión y una multa superior a los 4 millones de pesos.
Independientemente de que los pueblos indígenas puedan solicitar medidas previas como las siguientes:
Retiro de la circulación, venta, exposición pública o puesta a disposición en medios electrónicos, de los bienes a que haga referencia la queja.
Prohibición de la venta de los bienes de que se trate. Aseguramiento de los bienes. Suspensión de actividades o clausura de establecimientos.
La morenista Susana Harp, presidenta de la Comisión de Cultura, fundamentó el dictamen para su votación a favor:
“Para contener el uso y la comercialización de mercancías con elementos de nuestras cultura sin consentimiento de las comunidades y sin ningún tipo de retribución. (…) La indumentaria, la lengua, las diversas tradiciones y todos elementos de las diversas culturas que tenemos, encuentran en esta propuesta la normativa un medio para que en base a su libre determinación y autonomía ejerzan el derecho que reclaman para reclamar el uso no consentido y solicitar a las autoridades las medidas pertinentes y eficaces para conservar su tradición”.
Esta nueva ley prevé la creación del Sistema Nacional de Salvaguardia es un mecanismo permanente de concurrencia, colaboración, coordinación y concertación interinstitucional de los gobiernos Federal, de las entidades federativas, de los municipios y de las alcaldías de la Ciudad de la México, así como de los pueblos y comunidades.
Coadyuvarán al cumplimiento de esta ley las secretarias de Economía, Cultura, Educación y Turismo, así como la Fiscalía General de la República, instancia que será responsable de solicitar las medidas cautelares a que den lugar las carpetas de investigación.