México, 9 de diciembre.- Antonino Morales, senador de Morena, anunció que esta cámara secundará la reforma constitucional para prohibir el uso de vapeadoes en México, porque la salud es prioridad para los gobiernos de la Cuarta Transformación y es obligación del Estado velar por la seguridad sanitaria de la población.
El legislador por Oaxaca, aseguró que más allá del llamado derecho a decidir, está por encima la salud de las y los mexicanos que se acercan a ese tipo de sustancias contenidas en esos productos, pues hay evidencia científica del daño que causan a la población.
El senador integrante de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, refirió un estudio levantado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), según el cual el uso de los vapeadores es causante de daños respiratorios como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), asma, cáncer y cambios en la circulación sanguínea.
“Es imperativo llevar la prohibición a la Constitución, porque en el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador las empresas se ampararon contra dos decretos emitidos y la Suprema Corte les dio la razón, por lo que la reforma legal no tuvo efectos”, resaltó.
En ese sentido mencionó que, según el estudio, la sustancia que queman los vapeadores contiene niveles importantes de metales como cadmio, níquel, plomo y otros que son altamente dañinos para la salud.
Pero, además, un cartucho “contiene 5 por ciento de sal de nicotina, que es equivalente a entre uno y tres paquetes de cigarrillos. Estas altas concentraciones de nicotina tienen efectos adversos a largo plazo en el desarrollo del cerebro de niños, niñas, adolescentes y fetos en formación”.
Recordó que las reformas a los artículos 4° y 5° constitucionales plantean que para garantizar el derecho de protección a la salud de las personas, la ley sancionará toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos.
También, se sancionará la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas, quedando prohibida la profesión, industria, comercio interior o exterior, trabajo o cualquiera otras de estas.