México, 9 de abril.- El senador Antonino Morales impulsará una iniciativa de reforma a la Ley sobre el Contrato de Seguro y a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para asegurar que los usuarios puedan cancelar sus pólizas en cualquier momento, sin enfrentar penalizaciones y con derecho a la devolución proporcional de la prima no devengada.
La propuesta plantea que la cancelación de seguros se realice de forma sencilla, gratuita y a través de los mismos medios en que fueron contratados, ya sean digitales, telefónicos o presenciales, con el fin de eliminar trabas administrativas que actualmente dificultan este proceso.
Morales explicó que, tras los avances logrados el año pasado en el Senado para facilitar la cancelación de suscripciones con cobro recurrente, ahora se busca extender este principio al sector asegurador, donde persisten prácticas que pueden resultar desproporcionadas para los usuarios.
“El contrato de seguro tiene una función social clave, al proteger el patrimonio, la salud y la estabilidad económica de las personas, pero ello debe ir acompañado del respeto pleno a sus derechos como consumidores”, señaló el legislador.
Entre los cambios propuestos, se establece que la renovación automática de las pólizas no podrá exceder de un año y que los usuarios podrán dar por terminado el contrato en cualquier momento, pagando únicamente la parte proporcional correspondiente al periodo en que el servicio estuvo vigente.
Asimismo, se prohíbe expresamente el cobro de comisiones, penalizaciones o cargos adicionales al momento de cancelar de manera anticipada. En estos casos, las aseguradoras estarán obligadas a devolver la parte proporcional de la prima no utilizada en un plazo máximo de diez días hábiles.
La iniciativa también contempla la obligación de las compañías de seguros de contar con mecanismos accesibles y expeditos para la cancelación, bajo sanción en caso de incumplimiento.
El senador destacó que estas medidas buscan reducir las asimetrías entre empresas y usuarios, fortalecer la confianza en el sistema financiero y alinearse con estándares internacionales, como los promovidos por la OCDE, así como con criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.