México, 17 de junio.- Manuel Añorve, coordinador del PRI en el Senado, criticó la reciente decisión del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) de permitir que personas que ocupan viviendas de forma irregular puedan adquirirlas mediante un esquema de pago accesible.
A través de redes sociales, el legislador de Guerrero calificó la medida como un “paso peligrosísimo” y acusó que con esta acción “el delito se premia y la legalidad se castiga”.
Añorve afirmó que esta política parte de una visión “populista” que, en lugar de fortalecer el derecho a la vivienda, lo debilita al fomentar la impunidad.
El también exalcalde de Acapulco enlistó las señales negativas que, a su juicio, envía esta decisión:
“Que invadir conviene más que ahorrar; que el gobierno ya no garantiza el respeto a la propiedad; y que el esfuerzo del trabajador que paga su crédito vale menos que la ilegalidad”.
Añorve responsabilizó directamente al director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, de impulsar esta iniciativa.
“Un agrónomo sin experiencia en vivienda, que ya antes quebró Pemex y que hoy va por el patrimonio de millones de mexicanos que con su trabajo y esfuerzo se hicieron de una casa”, sostuvo.
Las declaraciones del senador se dan luego de que Romero Oropeza anunció este lunes un programa para regularizar a ocupantes irregulares de viviendas del Infonavit.
Según explicó, se realiza un censo, en coordinación con la Secretaría del Bienestar, en 843 mil viviendas con algún tipo de problemática.
Hasta el 13 de junio se habían visitado 168 mil casas, de las cuales 145 mil están habitadas, la mayoría por personas que no son los acreditados originales, y 23 mil están deshabitadas o vandalizadas.
Romero Oropeza precisó que no se desalojará a quienes ocupan inmuebles de forma irregular, y en su lugar se les ofrecerán facilidades para adquirirlos en plazos de 4 a 5 años con mensualidades accesibles.
“Lo que queremos es que esas viviendas sean de ellos”, dijo el funcionario.
Esta medida, impulsada bajo la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha generado polémica en diversos sectores, al poner en tensión los principios de legalidad, justicia social y respeto a la propiedad.
