México, 16 de septiembre.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH9, informó que no interpondrá una acción de inconstitucionalidad contra la reforma judicial, porque es un triunfo del pueblo y una consecuencia de las elecciones del 2 de junio pasado.
En un comunicado, la CNDH refirió que la reforma vigente ya desde este lunes, es un avance en materia de derechos humanos y no defiende intereses políticos, sino se debe a un mandato del pueblo.
“Esta Comisión no defiende banderas políticas ni es comparsa de estrategias partidistas, eso era antes, hoy se debe al pueblo”, afirmó.
La Comisión señaló que la han presionado para que interponga una acción de inconstitucionalidad para satisfacer ambiciones ajenas a los intereses del pueblo.
“Actores partidistas han tratado de presionar a esta Comisión Nacional a efecto de que interponga una acción de inconstitucionalidad que paralice los efectos de la reforma y así usar a este órgano autónomo para satisfacer ambiciones de grupo ajenas a los intereses de los mexicanos, lo que equivaldría a dejar en manos del Poder Judicial el destino de la nueva legislación”, denunció.
“Son las argucias que siempre han utilizado, y por eso su empeño en manipular a la CNDH y sumarla a sus cálculos. Así lo han hecho desde que inició la actual gestión, y hemos resistido, y seguiremos resistiendo, porque nuestro único compromiso es con el pueblo”, añadió.
Reiteró que es facultad del poder reformador de la Constitución, no de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni del Poder Judicial. Además, el proceso incluyó la celebración de diálogos nacionales, donde se expresaron diversos sectores de la sociedad en un amplio ejercicio de la democracia participativa.
“Su análisis en la Cámara de Diputados y el Senado de la República fue exhaustivo y suficiente, a pesar de un ambiente por momentos ríspido y los desafortunados intentos de violencia en el Senado, la aprobación final de la reforma fue pacífica y apegada a derecho, reflejo del sistema democrático que hoy prevalece en nuestro país”, añadió.
Abundó que no se identificaron vicios en el procedimiento legislativo y que la reforma modifica directamente la Constitución por lo que no puede ser impugnada mediante una acción de inconstitucionalidad, porque no se trata de una norma inferior sujeta a comparación con la Constitución, sino de la voluntad soberana del pueblo reflejada en la modificación de las disposiciones que rigen al Poder Judicial, que harían absurdo, cederle a éste el rumbo de su transformación.