México, 21 de noviembre de 2020.- Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, afirmó que con la aprobación de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis se derriban mitos, se elimina la criminalización y la prohibición de su consumo, la discriminación y se defiende el libre desarrollo de la personalidad y la protección de la salud de las y los mexicanos.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) declaró que «una de las ventajas más destacadas de esta Ley, es que se disminuye la actuación y la ganancia del crimen organizado, al trasladar un mercado ilegal a la legalidad, con un marco jurídico que da certeza a los sectores de la población”.
Mencionó que ahora las personas accederán al cannabis bajo criterios claros, que incluyen licencias para el cultivo, la transformación, la comercialización, la exportación, la importación y la investigación, explicó el coordinador de Morena en el Senado de la República.
En un videomensaje difundido en sus redes sociales, el político zacatecano destacó la visibilidad que otorga la ley aprobada en el Senado, a la problemática que enfrentan algunas personas con el consumo de marihuana.
Dijo que en esta ley no sólo se integra la prevención para para reducir los riesgos y daños asociados por el consumo psicoactivo, sino que se optimiza los procesos de rehabilitación y reinserción social, sin estigmatización, ni criminalización, como sucedía anteriormente.
Destacó los instrumentos de monitoreo, evaluación, respuesta, seguimiento y evaluación relativa al uso, que acompañan la ley, además de que fomenta y refuerza la cooperación internacional, respecto a las medidas para proteger la salud y la seguridad.
Apuntó que por primera vez se crea un marco legal ya que por persona se permitirá tener para autoconsumo hasta seis plantas o hasta ocho cuando vivan más de dos en el mismo hogar, además de que podrán adquirir hasta 28 gramos en los lugares regulados.
Mientras que las personas que estén en posesión de hasta 200 gramos serán sujetos a multas económicas, pero no a la privación de la libertad, contrario a como ha sucedido con las más de 18 mil que actualmente están procesados y privados de su libertad según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Además, sostuvo, que la regulación empodera a los grupos vulnerables, a los pueblos y a las comunidades indígenas, a campesinos y a ejidatarios, a comunidades agrarias en situación de marginación, a los que por su condición resultaron afectados por el sistema prohibicionista.