México, 18 de noviembre de 2020.- Con 45 votos en pro y 27 en contra, el pleno del Senado aprobó la llamada “Ley Nieto”, que otorga la facultad a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda para ordenar el bloqueo de cuentas bancarias, sin orden judicial de por medio, cuando existan indicios de financiamiento al terrorismo o lavado de dinero.
El Senado modificó la minuta enviada por la Cámara de Diputados en dos sentidos:
1. Será la institución bancaria y no la UIF, la que notifique por escrito a las personas que sean incluidas en la lista de cuentas bloqueadas.
2.- Las entidades financieras no deben estar limitadas a hacer del conocimiento por escrito del cliente o usuario que ha sido incluido en la lista de personas bloqueadas.
La reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, que agrega un capítulo denominado “De la Garantía de Audiencias de las Personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas”, establece que:
“La Secretaría de Hacienda podrá introducir a un individuo a la lista de personas bloqueadas cuando cuente con los indicios suficientes de que esa persona se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o los asociados con los delitos señalados”.
Morena y sus aliados políticos defendieron la constitucionalidad de esta ley.
Alejandro Armenta, senador de Morena y presidente de la Comisión de Hacienda:
“Es por eso que esta iniciativa busca también garantizar los derechos y las garantías individuales. No podemos violentar garantías constitucionales, por eso esta iniciativa significa que se respete a plenitud los derechos procesales, comenzando por la garantía de audiencia”.
La oposición afirmó que la “Ley Nieto” conculca garantías fundamentales.
Damián Zepeda, senador del PAN:
“El Poder Ejecutivo no es juez, los jueces existen precisamente para valorar si existen los elementos para declarar culpable a alguien. En este caso, dar a la Secretaría de Hacienda para que bloquee cuentas sin ir ante un juez, es darle la facultad discrecional de poderse meter con cualquier ciudadano por el solo hecho de que así lo determine. Es un tribunal la unidad, no, es un tribunal la Secretaría de Hacienda, no, entonces ¿por qué le quieren dar la facultad de tomar decisiones como si fuera un juez?
La minuta se devolvió a la Cámara de Diputados para su análisis y dictaminación.