México, 17 de septiembre de 2020.- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió de un incremento en el precio del uso de la telefonía celular en México, tras el aumento de hasta 55 por ciento en el cobro del espectro radioeléctrico que propone el gobierno a los particulares en la Ley Federal de Derechos 2021.
Pablo Mendoza, presidente de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), solicitó al Senado que se revise esta propuesta del Ejecutivo Federal, que forma parte de la Ley de Ingresos.
El representante del CCE esgrimió que este aumento podría atentar contra la libre competencia establecida en el capítulo de Telecomunicaciones del T-MEC y afectar también la conectividad y el uso de datos.
Mencionó que la recaudación por derechos para el espectro radioeléctrico, creció en promedio a tasas significativas.
Los precios, reiteró, son significativamente más altos al resto de América Latina y aún más elevados que en economías desarrolladas.
Alertó que aumentar el precio del espectro radioeléctrico, puede reducir la recaudación del Estado y afectar al consumidor final.
“Para el Consejo Coordinador Empresarial es importante que se revise esto, por los posibles impactos que esto pueda tener en un posible incremento en precios, por una posible disminución en la rentabilidad de las empresas que nos les permitan digamos una liquidez suficiente para seguir invirtiendo en tan necesaria aplicación”.
Sin embargo, Carlos Ernesto Molina Chávez, titular de la Unidad de Legislación Tributaria de Hacienda, señaló que esta actualización era necesaria frente a los costos en los que incurre esta administración para poder prestarlos.
“Nos encontramos con los derechos relativos a las descargas de aguas residuales, o a los derechos de minería, a también a los que involucran el tema de las telecomunicaciones, en esos casos pues hay un análisis más complejo, porque se revisa que la prestación de los servicios o el otorgamiento del uso o goce de bienes del dominio público de la nación, realmente refleje el costo de lo que le corresponde al Estado”.
Por su parte, Karina Ramírez Arias, titular de la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios, declaró que este aumento tiene como propósito que se recuperen los costos en que se incurren por estas actividades, de modo que la prestación de los servicios tengan un carácter sustentable.
Mencionó que en la valoración de las cuotas se busca incluir todas las externalidades o los costos de oportunidad que pudiera causar a la comunidad, el uso o explotación del bien, de manera que se haga un uso racional de los recursos.
Señaló que para estos ajustes se tomaron en cuenta las referencias internacionales y este proceso se afina de acuerdo al contexto de cada caso en particular y se fija un monto de equilibrio.
Estas opiniones se dieron en el foro Análisis de los Criterios Generales de Política Económica 2021 (Ley de Derechos), organizado por el Senado de la República.