México, 8 de septiembre de 2020.- Salomón Jara, senador de Morena, presentó una iniciativa de ley para modificar la Constitución a fin de que el delito de corrupción cometido por servidores públicos o particulares sea imprescriptible.
Con esta propuesta que modifica los artículos 109 y 114 de la Carta Magna, se pretende que el simple vencimiento de los plazos legales establecidos no garantice la impunidad de sus responsables y el Estado pueda ejercer sus facultades punitivas sin límites temporales.
En la exposición de motivos de su iniciativa, el legislador por Oaxaca menciona que la corrupción puede presentarse en distintas modalidades:
Ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos, concusión, intimidación, ejercicio abusivo de funciones.
Tráfico de influencias, cohecho, cohecho de servidores públicos extranjeros, peculado, enriquecimiento ilícito y delitos cometidos contra la administración de justicia.
Actualmente estos delitos tienen una prescripción que va de los 4 a los 8 años.
Señala que la magnitud, gravedad, trascendencia y efectos de los delitos por hechos de corrupción tienen un impacto determinante en la institucionalidad y en el desarrollo democrático del país, por lo que resulta urgente que el Estado impulse acciones para que, independientemente del plazo del tiempo, éstos no queden impunes y se pueda resarcir el daño a la sociedad.
Jara Cruz refiere que según un informe de la Fiscalía General de la República (FGR) de marzo a diciembre de 2019 se iniciaron un total de 773 carpetas de investigación a partir de denuncias recibidas.
De las carpetas de investigación iniciadas la FGR reportó el cierre de 117 casos y de éstos, solo cinco fueron enviados ante un juez para proceder contra de las personas que resultaron responsables.
Según el Barómetro Global de la Corrupción: América Latina y el Caribe 2019, en México 9 de cada 10 personas consideran que la corrupción es uno de los problemas más graves del país.
Uno de cada 3 mexicanos reconoce haber tenido que pagar un soborno para acceder a trámites y servicios.
Los servicios públicos en los que un mayor porcentaje de mexicanos reporta haber pagado un soborno se relacionan con la policía, 52 por ciento; el acceso a la justicia, 35 por ciento y con la provisión de servicios públicos básicos, 30 por ciento.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el daño económico de la corrupción en México es el equivalente al 10 por ciento del Producto Interno Bruto.