México, 26 de julio de 2020.- La reforma energética que impulsó el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se abrogaría si se comprueba que senadores del PAN recibieron sobornos para aprobarla.
Lo anterior lo declaró Ricardo Monreal, coordinador de Morena, quien no descartó que haya habido también presiones económicas para votar a favor otras reformas estructurales.
“Me temo que no solo en la reforma energética hubo estas presiones económicas para votar en favor. (…) Había presiones fuertes para la reforma educativa, para la reforma fiscal, para la reforma de telecomunicaciones, para la reforma de amparo, incluso para la reforma laboral. (…) Pero, me temo que falta mucha tela por cortar y nos falta mucho por conocer. Entonces, vamos a esperar y espero que en los próximos días vaya aclarándose el escenario jurídico penal de todo este caso tan significativo y emblemático que es el tema conocido por el caso Lozoya”.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), precisó que de comprobarse los sobornos a senadores de Acción Nacional, la reforma energética vigente tendría su origen en conductas delictivas sancionadas por la ley y en consecuencia se presentaría otra iniciativa en la materia.
“Si se demuestra con pruebas contundentes de que se dio soborno, cohecho a los legisladores son delitos, se tienen que someter a proceso penal, se les tiene que vincular a proceso a quienes lo hayan recibido. Pero, el proceso de abrogación de la reforma energética y de sus leyes secundarias, tiene que hacerse todo un proceso legislativo nuevo. (…) Todo el proceso legislativo se tiene que repetir, por lo que esa sería la ruta, la vía jurídica legislativa. Se iniciaría con una iniciativa, las comisiones dictaminadoras, el pleno, la cámara revisora, ambas con mayoría calificada y, después a los estados para obtener la mitad más uno de los congresos locales su aprobación y luego las leyes reglamentarias”.
Ricardo Monreal, descartó que el presidente Andrés Manuel López Obrador usará electoralmente el caso Emilio Lozoya, porque uno de sus principales propósitos políticos es acabar con la corrupción y la impunidad.
Aseveró que el ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, no tiene ninguna relación con el caso Odebrecht, aunque aclaró que el presidente López Obrador no tendrá ninguna excepción con nadie en la aplicación de la ley.
Anticipó que podría convocarse a otro periodo extraordinario de sesiones, para aprobar la reforma a la Ley de Adquisiciones que le permitiría al Estado la compra de medicamentos en el exterior.