México, 20 de junio de 2020.- Laura Rojas, presidenta de la Cámara de Diputados, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que se revise la constitucionalidad del acuerdo promulgado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad pública hasta marzo de 2024.
La diputada del PAN, declaró que luego de un cuidadoso análisis, de consultar a especialistas y organizaciones de la sociedad civil y de tomar en cuenta las observaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la oficina de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, se consideró que existen razones fundadas para solicitar a la Corte, que mediante una controversia constitucional revise la constitucionalidad del acuerdo.
Señaló que la controversia expone las razones por las que se estima que el acuerdo se aleja de lo establecido por la Constitución, en lo referente al despliegue de las Fuerzas Armadas Permanentes en labores de seguridad pública, lo que deja de nuevo al Ejército y la Marina sin un marco jurídico que le dé certidumbre a su actuación.
La presidenta de San Lázaro, precisó, que preocupa que el acuerdo contradice el texto constitucional respecto a la complementariedad y la subordinación de las Fuerzas Armadas que participen en tareas de seguridad pública a las autoridades civiles al establecer que el secretario de Seguridad Pública debe ‘coordinarse’ con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.
Indicó que pese a que el principio de fiscalización exige que el control de las Fuerzas Armadas que realicen tareas de seguridad pública debe desempeñarse por “órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces”, el acuerdo relega la supervisión y control de estas a los órganos internos de control de la dependencia correspondiente.
Insistió que el propósito de la controversia no es cuestionar la facultad del presidente de la República para disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, sino asegurar que éste cumpla efectivamente con los criterios que establece la Constitución y, con ello asegurar que sus acciones para otorgar seguridad a las y los mexicanos sean efectivas y estén sólidamente ancladas en la legalidad. (Con información de López-Dóriga Digital)