México, 9 de diciembre de 2019.- México se unirá al grupo de países que trabajará para identificar a los beneficiarios finales de la corrupción y que, generalmente, permanecen en el anonimato y la impunidad, informó Irma Eréndira Sandoval, Secretaria de la Función Pública.
Al participar en la ceremonia por el Día Internacional Contra la Corrupción, la funcionaria dijo que este trabajo lo encabezarán la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
«Hoy, México se adhiere de forma clara al grupo de países que conforman los principios de divulgación de transparencia de los beneficiarios finales. Un importante proyecto liderado por el Reino Unido en conjunto con la Alianza para el Gobierno Abierto con el objetivo común de ayudar a establecer las normas globales de transparencia con miras a formar un registro de beneficiarios finales en el año 2022-2023», dijo.
Los beneficiarios finales son aquellos que al final de toda una trama de corrupción son los que obtienen los principales dividendos de los recursos y cuya identidad casi nunca se conoce debido a que se oculta a través de una red de prestanombres y empresas fantasma.
Corin Robertson, Embajadora de Reino Unido en México, indicó que su País está comprometido en la lucha anticorrupción a nivel internacional y por ello colabora con México en distintos programas, entre ellos el registro de beneficiarios finales.
«La corrupción mata, aunque sea indirectamente, cuando los recursos públicos son desviados o mal empleados, permiten el desabasto de insumos indispensables para la población y nos pone en riesgo con servicios y obras de mala calidad», acusó.
Ricardo Salgado, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción, hizo un llamado a todos los actores, tanto públicos como privados, para combatir la corrupción y a hacer uso de las herramientas que están construyendo en el seno del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Entre estas herramientas, dijo, están la Plataforma Digital Nacional, que está en su fase de prueba, y el registro nacional se las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos. (Con información de Reforma)