México, 13 de noviembre.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) permitirá a Rubén Rocha Moya, ex gobernador de Sinaloa, disponer de los recursos que reciba por concepto de pensiones, luego de que un tribunal federal concediera una suspensión provisional para garantizar el acceso a esos ingresos, sin que ello implique levantar las restricciones sobre la totalidad de sus cuentas bancarias.
La determinación fue emitida por la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), en respuesta a un procedimiento judicial promovido por el exservidor público, quien reclamó la posibilidad de disponer de las ministraciones correspondientes a pensiones por cesantía en edad avanzada y jubilación por viudez.
De acuerdo con la información difundida por Hacienda, la resolución establece que el beneficiario únicamente podrá acceder a los recursos provenientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
El criterio judicial reconoce que estos ingresos están protegidos por el principio de inembargabilidad de las pensiones, por lo que la UIF deberá permitir las ministraciones futuras comprendidas en la suspensión concedida por el órgano jurisdiccional.
Sin embargo, la resolución no representa una liberación generalizada de los recursos financieros del exfuncionario ni significa que pueda disponer libremente de todo el dinero depositado en sus cuentas bancarias.
La dependencia federal precisó que cualquier recurso distinto de los expresamente identificados por el tribunal continuará sujeto a las restricciones correspondientes, al igual que las demás operaciones financieras que no estén contempladas en la medida cautelar.
De esta manera, el alcance de la suspensión queda limitado a los ingresos pensionarios señalados en la resolución, mientras permanecen vigentes las medidas aplicables al resto de los recursos.
La UIF subrayó que el cumplimiento de esta determinación responde a la obligación de las autoridades de acatar las resoluciones judiciales y respetar el debido proceso, así como el derecho de garantía de audiencia de las personas involucradas en procedimientos de esta naturaleza.
La Secretaría de Hacienda reiteró que estas actuaciones no modifican el compromiso institucional de prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, sino que buscan mantener las acciones de inteligencia financiera dentro del marco legal.
