México, 13 de noviembre.- La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Gabinete de Seguridad y a la Fiscalía General de la República (FGR) informar sobre los antecedentes, vínculos con agencias estadounidenses y paradero de Guillermo Zuany Portillo, exvicefiscal de Chihuahua, señalado por colaborar con agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en operaciones realizadas en territorio mexicano.
La mandataria consideró que el caso es de especial relevancia para la relación bilateral entre México y Estados Unidos, particularmente por el respeto a la soberanía nacional y las disposiciones legales que regulan la participación de agentes extranjeros en labores de seguridad dentro del país.
La petición de Sheinbaum se produjo luego de que el diario estadounidense The New York Times publicara que Zuany Portillo huyó a Estados Unidos para evitar ser detenido y que actualmente se encontraría bajo protección de las autoridades de ese país.
El medio citó a funcionarios mexicanos y estadounidenses para informar sobre su salida de México.
Durante su conferencia matutina, la presidenta evitó confirmar directamente si el exfuncionario se encuentra protegido por el gobierno estadounidense y solicitó que sea el Gabinete de Seguridad el que proporcione los datos que tiene sobre su ubicación actual.
“Es una historia larga el de este personaje y no quisiera mencionarla aquí en este momento”, señaló, al explicar que las autoridades federales conocen los antecedentes del exvicefiscal y la manera en que estableció vínculos de colaboración con agencias de Estados Unidos.
Sheinbaum sostuvo que resulta particularmente relevante conocer cómo una persona que llegó a ocupar un cargo de responsabilidad dentro de la Fiscalía de Chihuahua terminó colaborando con organismos de seguridad e inteligencia estadounidenses.
Además, afirmó que Zuany Portillo estuvo relacionado, en su momento, con presuntos actos de corrupción y vínculos con la delincuencia organizada, por lo que consideró necesario que las autoridades federales expliquen el desarrollo de este caso.
“Es muy relevante, muy, muy relevante, incluso para la relación bilateral”, enfatizó.
La presidenta también descartó que el asunto represente necesariamente un conflicto con Washington, al señalar que el tema ya ha sido abordado con el gobierno estadounidense.
No obstante, aprovechó para reiterar que cualquier agente o funcionario del gobierno de Estados Unidos que realice actividades de seguridad en México debe sujetarse a la Constitución y a las leyes mexicanas, particularmente a la Ley de Seguridad Nacional.
Recordó que la reforma al artículo 40 constitucional, relacionada con la defensa de la soberanía nacional, fue considerada por las autoridades judiciales en la acusación por traición a la patria contra el exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, quien era jefe de Zuany Portillo.
La mandataria explicó que la fiscal general le informó sobre este elemento durante las reuniones del Gabinete de Seguridad, al que acude periódicamente para revisar asuntos relacionados con la procuración de justicia y la seguridad pública.
El trasfondo del caso se encuentra en el operativo realizado en abril de 2026 en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, donde autoridades estatales localizaron un presunto narcolaboratorio. Durante el regreso del convoy, una camioneta cayó por un barranco y murieron cuatro personas: dos agentes estadounidenses y dos integrantes de las fuerzas de seguridad de Chihuahua.
Las investigaciones posteriores derivaron en órdenes de aprehensión contra César Jáuregui y Guillermo Zuany Portillo, al señalarse una presunta participación irregular de personal extranjero en actividades operativas contra el narcotráfico, sin autorización de las autoridades federales mexicanas. AP News +2
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó previamente que existían órdenes de aprehensión federales y estatales contra Zuany.
Además, el exfuncionario promovió un amparo para evitar su detención, relacionado con acusaciones de ejercicio ilegal del servicio público, coalición y falsedad ante autoridades. jornada.com.mx
El reportaje de The New York Times también expuso que Zuany habría facilitado durante más de seis meses la colaboración de agentes de la CIA con corporaciones policiales de Chihuahua, incluso en misiones contra organizaciones criminales.
Según el diario, el exfiscal habría obtenido beneficios relacionados con la recuperación de su visa estadounidense a cambio de esa cooperación.
Otro punto de controversia son las declaraciones atribuidas a Zuany sobre el supuesto conocimiento de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, respecto a la presencia de agentes de la CIA en la entidad.
La Fiscalía estatal rechazó esa versión y sostuvo que en las declaraciones integradas a la investigación no existen elementos que acrediten que la mandataria conociera o autorizara esas actividades.
Sheinbaum insistió en que es necesario esclarecer quién autorizó la colaboración, bajo qué condiciones se desarrolló y qué información tenían las autoridades mexicanas sobre las actividades de los agentes estadounidenses.
La presidenta sostuvo que la cooperación en materia de seguridad con Washington debe mantenerse dentro de los límites constitucionales y legales de México, por lo que consideró indispensable que el Gabinete de Seguridad haga pública la información que posee sobre Zuany Portillo y su eventual permanencia en Estados Unidos.
La mandataria dejó así en manos de las autoridades de seguridad la confirmación sobre la protección estadounidense al exfuncionario, mientras el caso vuelve a colocar en el centro de la relación México-Estados Unidos el límite entre el intercambio de inteligencia y la intervención operativa de agentes extranjeros en territorio nacional.
