México, 9 de noviembre.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) puso en marcha, por primera vez, investigaciones sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas de empresas con el INE y Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES’s) con la colaboración directa de “informantes” que buscan acogerse al Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones, mecanismo que permite obtener beneficios a quienes aporten información y elementos relevantes para esclarecer posibles actos de corrupción.
A través de este esquema, instrumentado con fundamento en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el órgano fiscalizador ha comenzado a recibir testimonios, documentos, fotografías, videos, información financiera, domicilios, mensajes de WhatsApp, así como nombres y alias de personas presuntamente involucradas en irregularidades cometidas durante años en la contratación de bienes y servicios de organismos electorales.
El elemento central de estas investigaciones es que la ASF busca reconstruir cómo habrían operado los mecanismos para favorecer a determinados proveedores, identificar a los beneficiarios finales de las empresas involucradas y establecer la participación que pudieron tener servidores públicos en la asignación de contratos.
De acuerdo con la información difundida por la Auditoría, las indagatorias han permitido documentar indicios de que beneficiarios finales de diversas compañías habrían intervenido tanto en los procesos de selección de proveedores como en la elaboración y definición de requisitos técnicos de las contrataciones, presuntamente con el propósito de favorecer sus propios intereses.
La investigación apunta así a posibles mecanismos de direccionamiento de contratos públicos, en los que las empresas beneficiarias no solamente habrían participado como proveedoras, sino que presuntamente habrían tenido influencia en las condiciones establecidas por los propios organismos para obtener las adjudicaciones.
La ASF destacó que esta modalidad de colaboración representa una nueva herramienta para fortalecer sus investigaciones, al incorporar información proporcionada directamente por personas que conocen cómo se habrían desarrollado las irregularidades y que ahora buscan obtener una reducción de las sanciones que pudieran corresponderles mediante su cooperación.
Entre los elementos que han sido proporcionados a la Auditoría destacan testimonios de personas con conocimiento de las operaciones, documentación relacionada con las contrataciones, fotografías y videos, además de información financiera que podría contribuir a rastrear el destino de los recursos públicos.
También se han entregado domicilios, conversaciones y mensajes intercambiados mediante WhatsApp, así como nombres y alias de personas que presuntamente participaron en las operaciones investigadas.
La información busca establecer posibles vínculos entre las empresas contratistas, sus beneficiarios finales, los servidores públicos involucrados y los organismos electorales en los que se habrían registrado las irregularidades.
En el esquema de investigación, la ASF contempla revisar la intervención de las compañías en la selección de proveedores, la definición de los requisitos técnicos de las licitaciones y otros procedimientos de contratación, con el propósito de determinar si existieron condiciones diseñadas para beneficiar a determinados participantes.
Uno de los aspectos relevantes es la identificación de los beneficiarios finales de las empresas, es decir, las personas que se encuentran detrás de las compañías y que podrían haber obtenido beneficios económicos de las operaciones, más allá de quienes aparecen formalmente como representantes o proveedores.
Con ello, la Auditoría pretende evitar que las investigaciones se limiten a las razones sociales que recibieron los contratos y avanzar hacia la identificación de las personas que habrían obtenido ventajas económicas, así como de quienes pudieron facilitar las operaciones desde las instituciones públicas.
El órgano fiscalizador informó que las investigaciones continuarán para ampliar la identificación de las personas involucradas, seguir la ruta del dinero público y establecer las responsabilidades que correspondan.
La estrategia contempla tres objetivos principales: identificar a todos los participantes en las presuntas irregularidades, rastrear el destino de los recursos involucrados y conseguir que se impongan las sanciones correspondientes cuando se acrediten las responsabilidades.
La colaboración de informantes permitirá a la ASF incorporar elementos que, de otra manera, podrían resultar difíciles de obtener durante las revisiones ordinarias de los expedientes de contratación, particularmente cuando las personas que participaron en las operaciones conocen de primera mano cómo se tomaron las decisiones y quiénes resultaron beneficiados.
El programa también introduce un incentivo para que quienes tengan información sobre las irregularidades se acerquen a la autoridad fiscalizadora y aporten elementos que permitan avanzar en las investigaciones, a cambio de solicitar una reducción de las sanciones que pudieran corresponderles.
Sin embargo, la existencia de testimonios y documentación aportada por los informantes no implica por sí misma que las personas señaladas sean responsables de algún ilícito.
La ASF deberá corroborar los datos, integrar los elementos de prueba y determinar las posibles responsabilidades conforme a los procedimientos legales aplicables.
Con esta modalidad, la Auditoría busca ampliar el alcance de sus investigaciones sobre la contratación pública en organismos electorales, un sector en el que, según la información difundida por la institución, se habrían registrado irregularidades durante varios años.