México, 6 de noviembre.— Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) tomaron este viernes instalaciones judiciales en la Ciudad de México y en distintas entidades del país, en rechazo al nuevo esquema de evaluación del desempeño aprobado por el Órgano de Administración Judicial (OAJ), al considerar que las disposiciones ponen en riesgo su estabilidad laboral y generan incertidumbre sobre la permanencia en sus puestos.
La movilización comenzó desde el primer minuto de este viernes, cuando empleados cerraron los accesos del Palacio de Justicia Federal de San Lázaro y colocaron candados en las puertas principales para impedir el desarrollo de las actividades jurisdiccionales.
La protesta también se extendió a los edificios judiciales de Ajusco, Las Flores y Prisma, donde los inconformes suspendieron actividades y organizaron guardias.
La inconformidad surgió luego de que este jueves se publicara en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo mediante el cual el OAJ estableció los criterios y procedimientos para evaluar al personal de carrera judicial.
Los trabajadores cuestionan que, bajo las nuevas reglas, deberán someterse a exámenes de conocimientos y a una evaluación integral de su desempeño, pese a que muchos de ellos ya acreditaron procesos de selección, capacitación y promoción para obtener sus respectivas plazas.
Uno de los principales puntos de controversia es la integración de la calificación: el examen de conocimientos tendrá un valor de 40 por ciento, mientras que el 60 por ciento restante dependerá de otros factores relacionados con el desempeño, la productividad y las valoraciones de superiores jerárquicos y compañeros de trabajo.
Para los empleados, esta distribución abre la posibilidad de que las evaluaciones estén sujetas a criterios subjetivos y decisiones de sus superiores, lo que podría convertir el mecanismo en un instrumento de presión dentro de los juzgados y tribunales.
También advierten que el nuevo procedimiento genera incertidumbre entre quienes han desarrollado una trayectoria de varios años en el Poder Judicial, pues consideran que no deberían tener que demostrar nuevamente sus conocimientos y capacidades mediante un esquema que, a su juicio, no garantiza plenamente sus derechos laborales.
La protesta fue convocada por trabajadores de distintas entidades y contempla la suspensión de actividades en más de 16 estados del país, por lo que el conflicto rebasó el ámbito de la capital y se convirtió en una movilización nacional contra las disposiciones del órgano encargado de la administración judicial.
En la Ciudad de México, los manifestantes anunciaron que mantendrán guardias en los accesos de los inmuebles tomados.
En el complejo de San Lázaro, señalaron que únicamente permitirán el ingreso de personal de seguridad, trabajadores encargados de servicios indispensables y usuarios de la guardería ubicada en las instalaciones.
Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores, sostuvo que la exigencia central del movimiento es que el Órgano de Administración Judicial deje sin efectos el acuerdo y abra un proceso de diálogo para construir un mecanismo de evaluación que privilegie la capacitación, la profesionalización y el mejoramiento del servicio público, sin comprometer los derechos adquiridos ni la estabilidad laboral del personal.
La representante de los inconformes planteó que los trabajadores no se oponen a la capacitación ni a la revisión de su desempeño, sino a que las nuevas disposiciones puedan afectar sus condiciones laborales o convertirse en un mecanismo para condicionar su permanencia en la institución.
Ante las protestas, el Órgano de Administración Judicial emitió este viernes un posicionamiento en el que aseguró que la primera evaluación, prevista para diciembre de 2026, tendrá un carácter exclusivamente diagnóstico.
El organismo precisó que esta etapa no implicará aprobación o reprobación de los participantes y tampoco tendrá consecuencias inmediatas sobre la permanencia laboral ni sobre las plazas de los trabajadores.
Explicó que el objetivo será identificar las fortalezas y áreas de oportunidad del personal para diseñar programas de capacitación y profesionalización, así como fortalecer el desempeño de quienes integran la carrera judicial.
Con esta aclaración, el OAJ buscó responder a uno de los principales temores expresados por los empleados, quienes interpretaron el nuevo esquema como una posible amenaza a su continuidad laboral.
El órgano administrativo también reconoció el derecho de los trabajadores a manifestarse y expresó su disposición a mantener abiertos los canales de diálogo para atender las inquietudes y preocupaciones relacionadas con la aplicación de las nuevas disposiciones.
Sin embargo, la explicación institucional no frenó la movilización, pues los inconformes mantienen su exigencia de que el acuerdo sea revisado y se modifiquen las reglas de evaluación.
De acuerdo con el calendario establecido por el OAJ, los primeros exámenes se aplicarán durante diciembre de este año, de manera diferenciada según la categoría del personal.
Las evaluaciones para secretarios están programadas para el 4 de diciembre; las correspondientes a actuarios se realizarán el día 8, mientras que los oficiales judiciales deberán presentarse los días 14 y 15.
