México, 5 de noviembre.- La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, reveló una presunta red de empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas que, durante años, concentró contratos de organismos electorales por más de 2 mil millones de pesos, mediante esquemas de simulación de competencia, dispersión de recursos y ocultamiento de beneficiarios finales.
Al presentar los resultados de una investigación durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria explicó que la revisión permitió reconstruir el origen de este grupo empresarial, cuyos antecedentes se remontan a 1983, cuando los hermanos comenzaron a trabajar en la Secretaría de Gobernación, primero en el Registro Nacional de Población (Renapo) y posteriormente en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Buenrostro destacó la relación laboral que mantuvieron con Juan Carlos Padilla Aguilar -vinculado al Partido Somos que liderea el ex perredista Guadalupe Acosta Naranjo-, quien fue secretario particular del director general del Renapo y posteriormente ocupó un cargo de segundo nivel en el Cisen.
José Alfredo Hernández Casillas continuó como su secretario particular, mientras que Raymundo se incorporó al área de investigaciones.
De acuerdo con la exposición, cuando Padilla Aguilar dejó el ámbito federal y se trasladó al Estado de México, los hermanos salieron de la administración pública y comenzaron a constituir empresas.
En 1999, mediante Cartonera Plástica, iniciaron su participación como proveedores de organismos electorales en esa entidad.
La secretaria recordó que en 2005 se registró un escándalo por un contrato otorgado a empresas de los Hernández Casillas en el Estado de México, que derivó en la renuncia de siete consejeros electorales.
Posteriormente, entre 2012 y 2013, el grupo amplió su estructura empresarial y, tras la reforma electoral de 2014, encontró un mercado más amplio en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), cuyos consejeros comenzaron a ser designados por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Según los datos recopilados en la Plataforma Nacional de Transparencia y el Compranet histórico, entre 2014 y 2023, durante el periodo del Consejo General encabezado por Lorenzo Córdova, 23 de los 32 OPLE asignaron contratos por más de 2 mil millones de pesos a empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas.
Buenrostro señaló que Guadalupe Taddei fue designada consejera presidenta del INE el 1 de octubre de 2023. Entre 2024 y 2025, la red empresarial mantuvo contratos con 15 de los 32 organismos electorales locales, por un monto de 646 millones de pesos.
La funcionaria aclaró que estas cifras constituyen un piso de los recursos identificados, debido a que no todos los contratos están disponibles en las plataformas públicas y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) continúa con sus revisiones.
Uno de los principales hallazgos, explicó, es que las empresas presuntamente simulaban competencia en los procedimientos de contratación.
Aunque varias compañías participaban en las licitaciones, sus propietarios o representantes estaban vinculados entre sí y acordaban previamente quién ganaría, mediante ofertas con precios aparentemente más bajos. De esta manera, el beneficiario final de las adjudicaciones era el mismo grupo empresarial.
Entre las compañías identificadas mencionó a Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplas de México, Corporativo SEC y otras sociedades relacionadas con los hermanos.
La investigación también encontró que varias empresas comparten domicilios y números telefónicos, no reportan trabajadores ni acreditan capacidad técnica para prestar los servicios contratados.
Además, los recursos recibidos por contratos públicos eran transferidos a otras sociedades para dificultar el rastreo de sus beneficiarios finales.
La estructura empresarial involucra a familiares de los hermanos. José Alfredo Hernández Casillas habría cedido en años recientes parte del control de las compañías a sus hijos, entre ellos Raymundo Hernández Velázquez y Tatiana Patricia Hernández Velázquez. Esta última aparece en cuatro empresas, al igual que Raymundo Francisco Hernández Casillas.
Buenrostro indicó que las investigaciones financieras del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificaron movimientos de recursos hacia personas de distintas edades, incluso de 18 y 96 años, lo que podría corresponder a prestanombres o posibles casos de robo de identidad.
La secretaria sostuvo que el comportamiento financiero observado presenta características asociadas con empresas fachada, factureras y posibles operaciones de lavado de dinero.
Precisó que algunas compañías del grupo ya habían sido inhabilitadas anteriormente por el SAT por su presunta participación en esquemas de facturación irregular.
Respecto a las responsabilidades, explicó que la ASF debe determinar las posibles irregularidades en las contrataciones de los organismos electorales y, en su caso, promover sanciones o presentar denuncias ante las autoridades correspondientes. El SAT y la UIF investigan los aspectos fiscales y financieros, mientras que la Fiscalía General de la República deberá atender los posibles delitos.
Buenrostro subrayó que, al tratarse de un organismo autónomo, la Secretaría Anticorrupción no tiene facultades para actuar como órgano de control del INE, aunque sí puede identificar los mecanismos utilizados por estas empresas y establecer medidas preventivas para evitar que esquemas similares se reproduzcan en las dependencias de la Administración Pública Federal.
La investigación, afirmó, se elaboró con información de fuentes abiertas y permitirá ampliar el seguimiento sobre la contratación de proveedores electorales y el destino de los recursos públicos.
