México, 30 de octubre.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una investigación de oficio sobre contratos del Instituto Nacional Electoral y organismos electorales locales, luego de detectar operaciones por 8 mil 870 millones de pesos de dos grupos empresariales con entidades públicas.
Además, aseguró servidores y repositorios digitales de la empresa que prestó el servicio para el examen de admisión de la UNAM y anunció acciones legales contra autoridades universitarias y particulares presuntamente responsables.
El auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó que ambos asuntos forman parte de las nuevas líneas de investigación que desarrolla el organismo fiscalizador, con las facultades que le otorgaron las reformas legales aprobadas en mayo pasado para ampliar su capacidad de actuación frente a posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Al presentar ante la Cámara de Diputados la segunda entrega de informes individuales de la Cuenta Pública 2025, el funcionario destacó que la investigación relacionada con el Instituto Nacional Electoral (INE) se inició de oficio y abarca también a los organismos públicos locales electorales, empresas proveedoras y servidores públicos que pudieran estar vinculados con las operaciones bajo revisión.
Explicó que, mediante trabajos de inteligencia, la ASF identificó que dos grupos empresariales acumularon operaciones por 8 mil 870 millones de pesos con distintas entidades públicas entre 2014 y 2026. De ese monto, 3 mil 790 millones corresponden a organismos electorales locales.
Entre los elementos que despertaron alertas se encuentran relaciones comerciales entre empresas de los mismos grupos, subcontrataciones entre compañías que participan en procedimientos de licitación y posibles mecanismos para garantizar la adjudicación de contratos.
La ASF también detectó que proveedores de una de las empresas investigadas tuvieron relaciones con compañías dedicadas al timbrado de facturas cuyas certificaciones fueron revocadas por trabajar con empresas factureras, en operaciones por 21.3 millones de pesos. Otra compañía analizada se encuentra suspendida del padrón de importadores.
Asimismo, identificó empresas que facturaron cientos de millones de pesos, pero registraban menos de cinco trabajadores o incluso ninguno, además de posibles barreras a la competencia que habrían incidido en los precios y condiciones de contratación.
Hernández Palacios señaló que los análisis de inteligencia permitieron identificar redes de vínculos entre ambos grupos empresariales, funcionarios públicos y distintas compañías.
Precisó que la investigación busca reconstruir el origen de las operaciones desde los primeros años en que comenzaron las relaciones comerciales con organismos electorales.
Aclaró que las indagatorias se desarrollarán con independencia, objetividad, rigor técnico y respeto al debido proceso, sin anticipar responsabilidades individuales.
En cuanto a las posibles irregularidades en la contratación y administración de la plataforma utilizada para aplicar el examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el auditor informó que la ASF está procediendo legalmente contra las autoridades universitarias y los particulares que resulten responsables del fracaso de la aplicación de la prueba.
Destacó que la propia institución, encabezada por su rector, solicitó la intervención de la Auditoría Superior y proporcionó las facilidades necesarias para desarrollar la investigación.
Como parte de las diligencias, la ASF consiguió por primera vez en su historia el aseguramiento precautorio de los repositorios de información y de los servidores informáticos de la empresa prestadora del servicio, mediante un mecanismo jurídico que permitió preservar pruebas fundamentales para esclarecer los hechos.
El auditor sostuvo que este procedimiento representa un precedente en las capacidades de investigación del organismo, pues permite actuar para conservar evidencia sin esperar a que concluya todo el proceso de fiscalización.
Aunque no detalló los nombres de los funcionarios o particulares involucrados ni los montos específicos relacionados con este caso, aseguró que se están promoviendo las acciones legales correspondientes.
En la segunda entrega de la Cuenta Pública 2025, la ASF presentó 374 informes individuales correspondientes a 42 auditorías municipales, 286 a entidades federativas y 46 a dependencias y organismos federales.
El resultado fue la identificación de más de nueve mil millones de pesos pendientes de aclarar en los tres órdenes de gobierno.
Uno de los principales focos de atención se ubicó en 42 municipios, donde la revisión del 100 por ciento de los recursos federales asignados dejó más de cinco mil 200 millones de pesos sin acreditar su destino.
En el ámbito federal, el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios y la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México concentraron observaciones por dos mil 327 millones de pesos.
En las auditorías estatales se detectaron más de mil 200 millones de pesos pendientes de aclaración, principalmente en los sectores educativo y de salud.
Sin embargo, las entidades también reintegraron mil 132 millones de pesos, de los cuales 553 millones correspondieron al sector salud.
El auditor informó además que, durante los primeros seis meses de su gestión, se presentaron 40 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción. De las 21 reportadas en la entrega anterior, todas fueron judicializadas.
También destacó la presentación de tres denuncias penales antes de concluir las auditorías, relacionadas con obra pública pagada y no ejecutada, equipo médico de alta especialidad no localizado y documentación presuntamente apócrifa para simular el pago de cuotas de seguridad social.
Hernández Palacios advirtió que la fiscalización ya no se limitará a identificar observaciones, sino que buscará establecer responsabilidades, preservar pruebas y recuperar los recursos públicos cuando corresponda.
