México, 22 de octubre.- El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez, calificó como un error garrafal la actuación del secretario técnico de ese órgano legislativo, Daniel Andrés Sibaja González, quien envió por cuenta propia un oficio al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, para solicitar que senadores pudieran utilizar el Salón de Protocolos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), sin tener facultades para hacerlo ni contar con autorización de este órgano de gobierno.
Martínez Miranda se deslindó del oficio enviado a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), al asegurar que el documento fue elaborado y remitido por decisión personal del secretario técnico.
El senador reconoció que el funcionario cometió un error al dirigirse directamente a un secretario de Estado sin contar con atribuciones para hacerlo, por lo que adelantó que el asunto será revisado en la próxima reunión de la Mesa Directiva, donde se determinará qué medidas corresponden.
La controversia surgió después de que se difundiera el oficio, dado a conocer públicamente por la senadora Claudia Anaya, en el que se solicitaba la posibilidad de que legisladores utilizaran las instalaciones protocolarias de la terminal aérea.
El documento generó cuestionamientos luego de que la senadora Malú Mícher expusiera previamente dificultades relacionadas con el acceso a salas de atención en el aeropuerto.
En entrevista, Martínez rechazó que la petición hubiera sido una decisión institucional del Senado o una gestión promovida por legisladores de Morena.
Explicó que el tema se mencionó semanas atrás durante una reunión de trabajo de la Mesa Directiva, a partir de planteamientos de integrantes de ese órgano, pero únicamente como un asunto general que debía revisarse.
Según su versión, se comentó la posible existencia de una sala de protocolo que, en determinadas circunstancias, brindaría atención no solamente a legisladores, sino también a integrantes de los poderes Ejecutivo y Judicial, principalmente por razones de salud o cuando alguna persona requiriera atención especial.
Sin embargo, precisó que en aquella reunión no se aprobó enviar una solicitud formal a la Cancillería ni se instruyó al secretario técnico para que realizara esa gestión.
“Fue una decisión personal”, sostuvo el presidente del Senado al explicar que desconocía la existencia del documento hasta que se hizo público. Incluso, afirmó que no recibió copia del oficio y que tampoco se le informó previamente sobre su envío.
Martínez consideró que el escrito presenta deficiencias adicionales, entre ellas errores ortográficos y nombres incorrectos de senadoras y senadores, aspectos que, a su juicio, refuerzan la necesidad de revisar la actuación del funcionario.
El legislador subrayó que, si hubiera existido una determinación formal de la Mesa Directiva para solicitar la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores, habría correspondido al presidente del Senado suscribir y dirigir el documento, con base en un acuerdo expreso del órgano legislativo o del pleno.
Por ello, insistió en que no puede atribuirse la gestión al conjunto de los 128 integrantes de la Cámara alta ni presentarse como una solicitud oficial de Morena.
Aseguró que los senadores de ese partido no fueron quienes plantearon originalmente el tema en la reunión, según la información que tiene.
Respecto a una posible respuesta de la Cancillería, Martínez indicó que no había recibido ninguna contestación y consideró que tampoco tendría por qué responder directamente a un secretario técnico que carecía de facultades para hacer esa petición.
En su opinión, la dependencia tendría que verificar con la Presidencia de la Mesa Directiva si el oficio correspondía a una instrucción institucional.
Sobre la continuidad de Daniel Andrés Sibaja González en el cargo, el senador evitó adelantar una decisión y señaló que la Mesa Directiva deberá analizar el caso y determinar el tratamiento que merece la actuación del funcionario.
El episodio, dijo, deberá discutirse en el ámbito correspondiente, al tratarse de una actuación individual que no fue autorizada por el órgano legislativo.