México, 22 de octubre.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno no mantiene acuerdos ni vínculos “perversos” con organizaciones delictivas y rechazó las acusaciones que buscan presentar a su administración como protectora de criminales, en medio de la polémica por el desmantelamiento de un narcolaboratorio en Chihuahua y los señalamientos contra el exfiscal estatal César Jáuregui.
“Nosotros no establecemos bajo ningún motivo relaciones perversas con ningún grupo criminal o con delincuentes de cuello blanco; nuestro aliado es el pueblo y cumplimos con la Constitución y con las leyes”, sostuvo la mandataria al responder a la narrativa de que el exfuncionario habría incurrido en traición a la patria por el operativo.
Sheinbaum negó que Jáuregui haya sido quien desmanteló directamente el narcolaboratorio y cuestionó que se pretenda utilizar el caso para acusar al Gobierno de México de proteger a grupos criminales.
En ese contexto, recordó los señalamientos contra el exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, quien fue condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.
La presidenta respondió así a las críticas de dirigentes panistas y sostuvo que resulta contradictorio que se acuse a su administración de complicidad con la delincuencia cuando, aseguró, los resultados de seguridad muestran una disminución de los homicidios dolosos.
Como respaldo a su argumento, indicó que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ese delito se redujo nueve por ciento, mientras que en su administración la disminución alcanza 49 por ciento, según las cifras que presentó.
Afirmó que estos indicadores contradicen, desde su perspectiva, las acusaciones de que las autoridades federales mantienen acuerdos con organizaciones criminales.
La mandataria insistió en que la actuación de su gobierno se rige por la legalidad y que su compromiso es garantizar la paz y la justicia, sin establecer relaciones ilegales con grupos delictivos ni con personas que cometan delitos desde posiciones de poder económico.
Al referirse específicamente al caso de Chihuahua, Sheinbaum aclaró que el asunto que debe investigarse es la presunta realización de operaciones de agentes extranjeros en territorio mexicano sin notificar a las autoridades nacionales correspondientes.
Señaló que esas acciones deben ajustarse a la Ley de Seguridad Nacional y a los procedimientos institucionales, incluida la comunicación con la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La presidenta indicó que corresponde a la Fiscalía General de la República evaluar la denuncia presentada, realizar las investigaciones pertinentes y, si encuentra elementos suficientes, solicitar las órdenes judiciales que procedan.