Nueva York, 20 de octubre.— El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió ante la Asamblea General que existen indicios fundados de que en México se cometen desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, además de señalar que esta práctica persiste hasta la actualidad.
Al presentar el informe anual del organismo ante la Tercera Comisión de la Asamblea General, el presidente del Comité, Juan Pablo Albán Alencastro, explicó que esta conclusión se sustenta en información proporcionada por el Estado mexicano, testimonios y aportaciones de víctimas y organizaciones civiles, así como en antecedentes recopilados desde 2012.
El funcionario precisó que el organismo identificó elementos suficientes para advertir la continuidad de esta problemática, por lo que solicitó que la situación mexicana sea considerada con carácter urgente y se analicen alternativas de cooperación internacional para enfrentarla.
La intervención marcó un momento relevante en la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, procedimiento que el Comité concluyó por primera vez y que permite llevar ante la Asamblea General situaciones particularmente graves para impulsar la atención y el apoyo de la comunidad internacional.
Albán Alencastro aclaró, sin embargo, que la determinación no representa una declaración de responsabilidad internacional contra México.
También puntualizó que el Comité no encontró indicios fundados de una política federal dirigida deliberadamente a cometer desapariciones forzadas, ya fuera mediante acciones de las autoridades o por sus omisiones.
Aunque reconoció las medidas emprendidas por el gobierno mexicano, sostuvo que continúan existiendo problemas estructurales que requieren respuestas adicionales.
En ese sentido, planteó que la Asamblea General valore mecanismos de colaboración para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas, las investigaciones, el esclarecimiento de los hechos, la atención de la crisis forense y la protección de las víctimas y sus familiares.
Durante la misma sesión participó Grażyna Baranowska, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
Por su parte, la representación mexicana manifestó su desacuerdo con la interpretación del Comité respecto del alcance y la aplicación del artículo 34 de la Convención.
La delegación nacional defendió la política del Estado mexicano y aseguró que la búsqueda de personas desaparecidas constituye una prioridad nacional.
Sostuvo que el país mantiene una postura de apertura al diálogo y a la cooperación internacional, al tiempo que rechazó que se interprete la situación bajo los términos planteados por el organismo de Naciones Unidas.
En su exposición, la representación mexicana afirmó que, mientras en el pasado las desapariciones forzadas eran ordenadas desde las altas esferas del poder político, actualmente estos delitos son cometidos principalmente por grupos delictivos, aunque reconoció que también existen casos en los que participan autoridades, sobre todo del ámbito municipal.
Ante ello, subrayó que todos los casos deben ser investigados y sancionados, sin distinción de quiénes sean los responsables.
Como parte de los avances reportados, el gobierno informó que durante 2026 fueron localizadas más de 16 mil personas, la mayoría con vida.
Asimismo, aseguró que se han reforzado las capacidades de la Comisión Nacional de Búsqueda, las fiscalías y los mecanismos de identificación humana.
La delegación también destacó la integración de un grupo de especialistas nacionales e internacionales, en coordinación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para realizar una revisión científica del Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
El intercambio ante la Asamblea General dejó expuestas las diferencias entre el diagnóstico del Comité y la postura del gobierno mexicano sobre el alcance jurídico de su intervención.
Mientras el organismo internacional llamó a movilizar cooperación para atender la persistencia de las desapariciones, México defendió sus acciones institucionales y cuestionó la interpretación de la Convención.
El Comité reiteró su disposición a mantener un diálogo constructivo con las autoridades mexicanas y las organizaciones de la sociedad civil, en un contexto en el que la búsqueda de personas, la investigación de los casos y la atención a las familias continúan como desafíos centrales.
