México, 20 de octubre.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que exista un pacto político con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para favorecerla a cambio de proceder contra el exfiscal estatal César Jáuregui, y aseguró que la investigación por la presencia de agentes estadounidenses en un operativo en territorio mexicano debe resolverse exclusivamente por la vía legal.
“Nosotros no hacemos pactos políticos con la justicia”, afirmó la mandataria al desestimar las versiones sobre un supuesto entendimiento con la gobernadora panista, que incluso apuntaban a que recibiría una embajada como recompensa por su colaboración en el caso.
Sheinbaum calificó estas publicaciones como periodismo de ficción y de chisme, y cuestionó que las especulaciones se reproduzcan en distintos espacios de opinión.
Sostuvo que la actuación de las autoridades responde a una investigación sobre posibles violaciones a la Ley de Seguridad Nacional, no a negociaciones entre gobiernos.
Para explicar el origen del caso, la presidenta reconstruyó los hechos a partir del accidente carretero en la Sierra Tarahumara en el que murieron dos agentes del gobierno de Estados Unidos.
Posteriormente, se conoció que ambos se encontraban acompañados por personal de la Fiscalía de Chihuahua y que presuntamente habían acudido a revisar un laboratorio relacionado con la fabricación de metanfetaminas.
La mandataria sostuvo que los agentes no desmantelaron ningún laboratorio y señaló que una fiscalía estatal no tiene atribuciones para realizar ese tipo de acciones, facultad que, precisó, corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR).
Según su explicación, los participantes acudieron al lugar, lo revisaron y regresaron, sin ejecutar el desmantelamiento referido.
También cuestionó que el desplazamiento se realizara durante la noche o la madrugada por una carretera peligrosa y sinuosa, donde circular a alta velocidad incrementa el riesgo de accidentes. Consideró irresponsable efectuar ese recorrido únicamente para inspeccionar el sitio.
Tras conocer la presencia de los agentes estadounidenses, explicó, el gobierno federal verificó si contaban con autorización para operar en México conforme a la Ley de Seguridad Nacional.
De acuerdo con la revisión mencionada por Sheinbaum, no tenían el permiso correspondiente y habían ingresado al país bajo otras consideraciones.
La presidenta expresó sus condolencias por las muertes, pero subrayó que la tragedia no elimina la obligación de investigar las circunstancias de la operación ni la posible responsabilidad de las autoridades mexicanas involucradas.
Indicó que la FGR abrió una investigación sobre la participación de agentes extranjeros en un operativo terrestre y llamó a declarar a funcionarios de Chihuahua.
Añadió que la Fiscalía estatal también inició actuaciones y solicitó ante un juez una orden de aprehensión, mientras que la autoridad federal procedió por su parte contra el exfiscal.
Sheinbaum señaló que las acusaciones deben sustentarse con pruebas y presentarse ante las instancias correspondientes.
Asimismo, indicó que durante la audiencia del exfiscal se expondrían elementos de la acusación, sin que ello sustituya el procedimiento judicial ni la obligación de acreditar los hechos.
El eje central, insistió, es la posible violación de la Ley de Seguridad Nacional. Explicó que esta legislación establece las condiciones bajo las cuales agentes y autoridades mexicanas pueden mantener relaciones con agencias de Estados Unidos o de otros países, incluidas las fiscalías, los tribunales y los poderes ejecutivos.
“Imagínense, ponerse de acuerdo con un gobernador para ver a quién metes a la cárcel o qué, no, pues no”, expresó al negar nuevamente cualquier pacto con Campos.
La mandataria sostuvo que corresponde a las fiscalías esclarecer los hechos, presentar las pruebas y explicar las declaraciones recabadas durante la investigación.
