México, 19 de octubre.- El presidente del Senado, Higinio Martínez, respaldó el derecho de los ciudadanos de Jalisco a manifestarse contra la contaminación del agua y llamó a las autoridades estatales a identificar a los grupos que provocaron actos violentos y daños durante las movilizaciones en Guadalajara, sin criminalizar a quienes protestan pacíficamente.
El legislador sostuvo que la libertad de manifestación debe garantizarse incluso cuando algunas movilizaciones registren excesos, pues consideró preferible tolerar determinadas expresiones antes que restringir un derecho ciudadano.
Sin embargo, subrayó que las autoridades también tienen la obligación de proteger a los participantes y evitar daños a instalaciones públicas y privadas.
Al referirse a los hechos ocurridos en Jalisco, Martínez distinguió entre las personas que salieron a protestar por la contaminación del agua y los grupos que, según su interpretación, aprovecharon la movilización para generar violencia.
Explicó que, de acuerdo con testimonios que recibió, algunos participantes se retiraron cuando observaron la presencia de personas encapuchadas, y posteriormente ocurrieron los actos violentos, incluida la quema de puertas.
Por ello, consideró que corresponde a las autoridades estatales investigar quiénes participaron y determinar las responsabilidades.
El senador señaló que el gobierno de Jalisco debe mantener una política de respeto a la libertad de expresión, pero también establecer medidas de seguridad para proteger espacios estratégicos, como los accesos al Palacio de Gobierno y al Congreso local, además de otros inmuebles públicos y comerciales.
A su juicio, impedir que quienes hayan cometido delitos continúen realizando actos violentos no debe confundirse con prohibir las manifestaciones ciudadanas.
Insistió en que las protestas por el problema del agua deben mantenerse mientras las demandas de la población no sean atendidas.
En otro tema, Martínez consideró que el proceso legal relacionado con la actuación del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, podría aportar elementos para esclarecer la participación de agentes estadounidenses en territorio mexicano sin la autorización federal correspondiente.
El presidente del Senado sostuvo que México no está en contra de la cooperación con agencias de seguridad de Estados Unidos, sino de que se realicen operaciones en el país al margen del marco legal y de las autorizaciones que correspondan a las autoridades federales.
Afirmó que la colaboración con organismos como la DEA, la CIA y el FBI es posible y necesaria, siempre que exista coordinación con sus contrapartes mexicanas y se respeten las disposiciones nacionales.
Martínez consideró que la apertura de un proceso legal permitirá conocer quién autorizó la actuación cuestionada y si existió alguna responsabilidad de funcionarios estatales.
No obstante, aclaró que corresponderá a las autoridades determinar si hubo irregularidades o delitos, así como establecer las responsabilidades individuales.
Sobre la agenda legislativa, el senador anticipó que el Senado podría discutir y votar la Ley de Ingresos una vez que las comisiones correspondientes concluyan su dictaminación.
Señaló que Morena respaldará el proyecto enviado por la Cámara de Diputados y expresó su expectativa de que la oposición acompañe la propuesta.
También informó que buscará reactivar los encuentros interparlamentarios con Estados Unidos, Canadá y Cuba.
En el caso estadounidense, indicó que buscará al embajador de ese país después de las elecciones del 3 de noviembre, con el propósito de abordar, entre otros asuntos, la relación bilateral y la cooperación entre ambos congresos.
Asimismo, planteó la posibilidad de invitar al director general del IMSS, Zoé Robledo, a una reunión con senadores para conocer de primera mano la problemática de la institución y ampliar la discusión legislativa sobre el sector salud.
Finalmente, señaló que espera la presentación del paquete anticorrupción anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum y consideró importante que el Senado reciba y tramite esa propuesta durante el actual periodo legislativo.
También abrió la posibilidad de analizar eventuales ajustes a la reforma judicial, si los propios ministros presentan a través del Ejecutivo Federal una iniciativa.
