Ciudad Juárez, 17 de octubre.— El exfiscal general de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, fue detenido este sábado por su probable responsabilidad en los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, en una investigación sobre las irregularidades que presuntamente se cometieron durante un operativo para desmantelar un laboratorio clandestino de drogas en el municipio de Morelos, al sur de la entidad.
El caso adquirió relevancia por la presunta participación de personas extranjeras en el despliegue, entre ellas dos agentes estadounidenses de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), quienes posteriormente murieron.
La investigación busca esclarecer las circunstancias en las que se realizó el operativo y determinar posibles responsabilidades por el incumplimiento de la normativa y de los procedimientos institucionales.
El encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Loya Chávez, confirmó la detención y precisó que la orden de aprehensión fue librada por un juez de control, luego de que las investigaciones reunieran elementos sobre la probable responsabilidad del exfuncionario.
De acuerdo con el fiscal, la indagatoria se concentra en la manera en que se desarrolló el operativo realizado entre el 17 y el 19 de abril en el municipio de Morelos, así como en las posibles omisiones dentro de la cadena de mando y el cumplimiento de los protocolos aplicables.
En un mensaje difundido en video, Loya Chávez recordó que, tras el hallazgo del presunto narcolaboratorio, la Fiscalía estatal integró una unidad especial para investigar las circunstancias del despliegue y esclarecer la participación de funcionarios y personas extranjeras.
El funcionario señaló que, como se informó el 12 de mayo pasado, las investigaciones confirmaron la probable participación de personas extranjeras en el operativo.
A partir de esos avances, un juez de control emitió la orden de aprehensión contra César J. M., por su probable responsabilidad en los delitos previstos en los artículos 253, fracciones segunda y cuarta, y 260 del Código Penal del estado de Chihuahua.
“Hace unas horas, esta orden de aprehensión fue cumplimentada”, informó.
Loya Chávez indicó que el exfiscal será puesto a disposición del juez de control correspondiente, ante quien se desarrollará la audiencia inicial dentro de los plazos establecidos por la ley. Añadió que el procedimiento deberá realizarse con pleno respeto a sus derechos y al debido proceso.
El encargado de la Fiscalía sostuvo que la detención responde al compromiso de investigar cualquier posible conducta delictiva cometida por servidores públicos, incluso cuando se trate de integrantes o exintegrantes de la propia institución.
“Quien trabaje o haya trabajado en esta Fiscalía y cometa un delito, será puesto a disposición de la autoridad. Hoy, lo estamos cumpliendo”, afirmó.
El funcionario aclaró que la investigación no busca desconocer los resultados del operativo contra el crimen organizado ni el trabajo realizado por la Agencia Estatal de Investigación, la Fiscalía General del Estado y las Fuerzas Armadas para desmantelar el inmueble.
Por el contrario, reconoció que el aseguramiento del laboratorio clandestino representa un resultado relevante en el combate a las organizaciones criminales. Sin embargo, insistió en que el éxito de una acción policial no exime a sus participantes de cumplir con la legislación ni con los procedimientos establecidos.
“Lo que se investiga es la forma en la que se condujo este operativo, la omisión de la cadena de mando y de los protocolos aplicables. Un buen resultado no justifica violar la ley”, subrayó.
La detención de Jáuregui Moreno coloca bajo investigación la actuación de los mandos responsables de un operativo que, además de su dimensión contra el narcotráfico, quedó marcado por la presunta intervención de agentes extranjeros.
La Fiscalía deberá esclarecer cómo se organizó y ejecutó el despliegue, quiénes conocían la participación de personas extranjeras, cuáles eran las responsabilidades de los mandos y si existieron omisiones o decisiones contrarias a los protocolos institucionales.
Hasta el momento, la orden de aprehensión implica una imputación por probable responsabilidad y no una declaración de culpabilidad. Será durante el procedimiento judicial cuando se determinen los alcances de las acusaciones y la situación jurídica del exfiscal.
