México, 13 de octubre.- El Gobierno de México construirá seis nuevos centros penitenciarios en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz, con una capacidad conjunta de 18 mil 480 espacios, como parte de una estrategia para reforzar el control de las cárceles, impedir que las organizaciones criminales continúen operando desde su interior y reducir los riesgos de violencia.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el primer proyecto se desarrollará en Sinaloa, particularmente para atender las necesidades de seguridad penitenciaria tras los hechos recientes registrados en el centro de reclusión de Mazatlán.
El nuevo penal sinaloense será construido con recursos federales y tendrá capacidad para 2 mil 640 personas privadas de la libertad. Contará con infraestructura moderna, sistemas de vigilancia y el personal necesario para fortalecer su operación.
Mientras se concreta la obra, el centro penitenciario de Mazatlán permanece reforzado con elementos de la Guardia Nacional y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, perteneciente al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social.
Durante la presentación del balance en materia penitenciaria, García Harfuch explicó que los nuevos complejos dispondrán de tecnología de vigilancia y monitoreo, sistemas de inspección y bloqueo de señales, así como módulos diferenciados para clasificar a las personas internas de acuerdo con sus perfiles y niveles de riesgo.
El modelo también contempla espacios educativos, capacitación para el trabajo, servicios de salud y actividades deportivas, con el propósito de combinar el control y la seguridad con mejores condiciones para la reinserción social.
Como parte de las medidas para reducir riesgos y fortalecer la disciplina en las cárceles, del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2026 se realizaron 3 mil 275 traslados de personas privadas de la libertad, mediante la coordinación entre el sistema federal penitenciario y la Guardia Nacional.
De ese total, el funcionario destacó nueve operativos efectuados en Sinaloa, en los que fueron trasladadas 636 personas a distintos centros federales de reinserción social. Además, se llevaron a cabo 614 traslados desde centros penitenciarios locales para atender situaciones de riesgo y reforzar la seguridad.
En el mismo periodo se efectuaron 10 mil 513 revisiones ordinarias y 31 operativos extraordinarios, que permitieron asegurar más de 306 mil objetos y sustancias prohibidas, con el objetivo de impedir su ingreso y utilización dentro de las prisiones.
De acuerdo con el secretario, el fortalecimiento de los protocolos de prevención, vigilancia y supervisión permitió reducir 35 por ciento los códigos de emergencia en los centros penitenciarios federales respecto del periodo anterior.
La disminución abarcó incidentes relacionados con riñas, agresiones, amenazas y otras situaciones de riesgo.
García Harfuch señaló que el sistema penitenciario federal incorporó mil 192 nuevos elementos y creó una unidad de reacción penitenciaria para atender emergencias y apoyar a las entidades federativas.
A estas medidas se suman proyectos de modernización tecnológica y mejoramiento de infraestructura en centros federales ubicados en el Altiplano, Veracruz, Durango y Sinaloa.
El funcionario indicó que también se trabaja en un nuevo modelo nacional de gestión penitenciaria que contempla actualizar los protocolos de seguridad, profesionalizar al personal y modernizar los procedimientos de administración, vigilancia y control.
En Sinaloa, estas acciones forman parte de una estrategia más amplia que incluye el fortalecimiento de la Policía Estatal, la incorporación de personal del Ejército Mexicano comisionado a esa corporación y el apoyo para robustecer las capacidades policiales y de procuración de justicia.
El objetivo, sostuvo, es evitar que los grupos criminales mantengan operaciones desde las cárceles y lograr que el sistema penitenciario contribuya al combate a la impunidad y la reducción de la violencia.
El secretario afirmó que la instrucción presidencial es mantener el fortalecimiento de las labores de investigación e inteligencia, así como la coordinación entre el Gabinete de Seguridad federal y los gobiernos de las 32 entidades federativas.
