México, 13 de octubre.- La Comisión de Amnistía de la Secretaría de Gobernación reportó al Senado 491 determinaciones procedentes para conceder este beneficio, de las cuales 425 obtuvieron una calificación judicial favorable.
La pobreza fue el principal supuesto acreditado, al concentrar 442 de los expedientes aprobados por el organismo.
De acuerdo con el Informe Anual 2026 sobre Solicitudes de Amnistía Pendientes y Resueltas, así como de los Supuestos por los que se han Concedido, la Comisión ha recibido 2 mil 395 solicitudes, de las cuales 2 mil 62 fueron analizadas y resueltas. Otros 243 expedientes aún no cuentan con un proyecto de resolución para ser sometidos a consideración del organismo.
El documento, remitido al Congreso de la Unión, presenta los avances y asuntos pendientes en la aplicación de la Ley de Amnistía, así como los criterios utilizados para evaluar las peticiones de personas que buscan acceder a este beneficio.
Del total de solicitudes analizadas, 491 fueron declaradas procedentes, mil 353 resultaron improcedentes y 218 quedaron concluidas, conforme al desglose de las sesiones de la Comisión.
Entre los expedientes que todavía no cuentan con un proyecto de resolución, 182 permanecen en análisis, 52 están en reserva por falta de información suficiente y nueve fueron retirados a preliminares, según el informe.
La Secretaría Técnica explicó que los casos reservados no cuentan con los elementos necesarios para estudiar y resolver las peticiones.
Además, se identificaron 92 registros sin solicitud formal, correspondientes a posibles candidatos al beneficio que continúan pendientes debido a que no han presentado el formulario requerido.
El dato más destacado del reporte es que 442 de las 491 determinaciones procedentes correspondieron a personas en situación de pobreza, lo que coloca a esta condición como el principal supuesto acreditado para conceder la amnistía.
Entre los demás supuestos considerados figuran la discapacidad permanente, el temor fundado, la pertenencia a pueblos indígenas, el robo simple, las condiciones de vulnerabilidad, los delitos relacionados con personas consumidoras de narcóticos y los casos de quienes presuntamente fueron obligados por grupos de la delincuencia organizada.
En cuanto a las características de las personas beneficiadas, la Comisión contabilizó 163 mujeres, 327 hombres y una persona perteneciente a la comunidad LGBTTTIQ+. También registró a 45 personas indígenas, de las cuales 13 son mujeres y 32 hombres.
Respecto a la nacionalidad, 454 personas eran mexicanas, mientras que las demás procedían de Ecuador, Colombia, Guatemala, Perú, Estados Unidos, Honduras y El Salvador.
El informe precisa que, de las 491 determinaciones procedentes emitidas por la Comisión, la autoridad judicial federal calificó como legal el beneficio para 425 personas.
En otros 46 casos, los jueces consideraron que no existían elementos suficientes para validar su legalidad; cinco permanecían pendientes de calificación y 15 no pudieron ser calificadas.
De las 425 personas con resolución judicial favorable, 415 estaban procesadas o sentenciadas por delitos contra la salud relacionados con narcóticos; seis correspondían a casos de robo simple y cinco a delitos en materia migratoria.
Como parte de las acciones para facilitar la reinserción social, la Comisión informó que, en coordinación con otras instituciones, vinculó a 397 personas mexicanas con el Instituto Nacional Electoral (INE) para la rehabilitación de sus derechos político-electorales. Asimismo, documentó que 142 personas manifestaron contar con una actividad laboral.
El reporte también detalla que, entre el 30 de agosto de 2025 y el 31 de agosto de 2026, se recibieron 132 solicitudes de amnistía directa.
De estas, 87 permanecían en integración y ocho fueron desechadas por incumplir los requisitos establecidos en la ley.
Adicionalmente, durante el periodo se desecharon 245 solicitudes por distintos motivos relacionados con la falta de cumplimiento de las disposiciones legales, las cuales se sumaron a otros casos rechazados
