México, 1 de octubre.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la reforma recientemente aprobada por el Senado para sancionar el uso indebido de elementos oficiales constituya una “ley antimemes” y sostuvo que las modificaciones buscan combatir fraudes cometidos mediante la suplantación de instituciones y funcionarios públicos.
Durante su conferencia matutina, la mandataria pidió a la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde, aclarar dos temas que generaron controversia: los requisitos constitucionales para ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y el alcance de las nuevas disposiciones relacionadas con el uso de imágenes, documentos y elementos de identidad del gobierno.
El principal punto de la explicación fue que la reforma no establece restricciones a la crítica, la sátira o los memes.
Alcalde señaló que las disposiciones modifican el marco relacionado con la piratería y, específicamente, sancionan el uso de la identidad gráfica institucional o elementos oficiales cuando sean utilizados con fines comerciales para inducir a una persona al error o engaño y cometer un ilícito.
De acuerdo con el texto expuesto durante la conferencia, se contempla una pena de uno a cinco años de prisión y una multa de mil a diez mil Unidades de Medida y Actualización a quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales de instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno para hacer creer que una comunicación tiene origen oficial y, con ello, cometer un delito.
Sheinbaum explicó que el objetivo es atender casos de suplantación que ya se han presentado mediante herramientas digitales y, particularmente, contenidos generados con inteligencia artificial.
Como ejemplo, mencionó videos falsos en los que supuestos funcionarios del gobierno ofrecen inversiones, pensiones o trámites a cambio de depósitos de dinero.
También citó el caso de contenidos en los que se utiliza la imagen de funcionarios para promocionar supuestas inversiones relacionadas con Petróleos Mexicanos.
“Eso no estaba tipificado como delito”, señaló la presidenta, al considerar necesario contar con un instrumento jurídico para sancionar estas conductas y, eventualmente, permitir que las víctimas puedan recuperar los recursos obtenidos mediante este tipo de fraudes.
La otra aclaración estuvo relacionada con los requisitos para ser gobernador o gobernadora. Alcalde explicó que el artículo 116 de la Constitución establece que para ocupar una gubernatura se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, además de cumplir con los requisitos de residencia y edad establecidos por la propia Constitución y, en su caso, por las legislaciones estatales.
La consejera jurídica precisó que el artículo 30 constitucional reconoce como mexicanos por nacimiento no solamente a quienes nacen en territorio nacional, sino también a quienes nacen en el extranjero y son hijos de padre o madre mexicanos, así como a los hijos de mexicanos por naturalización y a quienes nacen a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas.
Alcalde también explicó los alcances de la reforma constitucional relacionada con la doble nacionalidad para quienes aspiren a ocupar la Presidencia de la República o una gubernatura.
Indicó que, conforme al régimen transitorio aprobado, las nuevas disposiciones serán aplicables a partir del proceso electoral de 2028.
La funcionaria explicó que esta temporalidad responde a las reglas constitucionales que impiden modificar las normas electorales de manera inmediata cuando un proceso electoral ya está en curso, con el propósito de evitar cambios a las reglas de una elección próxima.
Como parte de la aclaración sobre el caso planteado un día antes respecto de la senadora de Nayarit, Jasmín Bugarín, designada por Morena como coordinadora estatal para la Defensa de la Transformación y la Soberanía en ese estado, informó que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la legisladora renunció a su doble nacionalidad desde 2018.
