Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Con una agenda centrada en seguridad, educación, gobernabilidad y atención a víctimas, el Congreso de Chiapas inició los trabajos del Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Ejercicio Legislativo, en una reunión plenaria en la que participaron representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial, así como de la Fiscalía General del Estado.
Durante el encuentro, encabezado por la presidenta de la Mesa Directiva, Marcela Castillo Atristain, y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Guillén Guillén, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar llamó a las y los legisladores a mantener una política de diálogo y cercanía con la población para que las demandas de distintos sectores se traduzcan en reformas y nuevas leyes.
Ante diputadas y diputados de los distintos grupos parlamentarios, el mandatario sostuvo que tanto gobernar como legislar implica escuchar las necesidades de la población y de sectores como el privado. En ese sentido, planteó mantener una coordinación institucional que permita atender los problemas que enfrenta la entidad mediante cambios al marco jurídico y políticas públicas.
Uno de los principales puntos del encuentro fue el balance del trabajo legislativo realizado durante los dos primeros años. La presidenta del Congreso estatal informó que, hasta el momento, se han aprobado 21 reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 17 modificaciones a la Constitución de Chiapas y 137 reformas de leyes y decretos, para sumar 175 iniciativas y reformas.
Castillo Atristain señaló que el tercer año legislativo representará una nueva etapa de trabajo y llamó a mantener la pluralidad sin convertir las diferencias políticas en división. Destacó que las distintas fuerzas pueden debatir y sostener posiciones diferentes, pero al mismo tiempo construir acuerdos en beneficio de la población.
La agenda anunciada para este periodo incluye asuntos considerados prioritarios para el estado. Entre ellos destaca la elaboración de una iniciativa para combatir la deserción escolar en comunidades, así como una propuesta para impedir la venta de plazas en el sector educativo.
En materia de seguridad y derechos humanos, uno de los temas planteados es la creación de una Ley Especial Estatal de Personas Desaparecidas, además de modificaciones a los artículos quinto y séptimo de la Ley de Víctimas del Estado de Chiapas.
Esta última propuesta busca garantizar que niñas y niños que sean víctimas indirectas de hechos violentos puedan acceder a los programas de gobierno, con lo que el Congreso pretende ampliar la protección institucional para menores afectados por la violencia aunque no sean directamente quienes sufrieron el delito.
En la reunión también participaron la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando; el magistrado presidente del Poder Judicial, Juan Carlos Moreno Guillén; el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, y el secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala.
Los funcionarios expusieron ante los legisladores temas relacionados con gobernabilidad, paz y seguridad, además de plantear necesidades y propuestas legislativas vinculadas con el sistema educativo y la protección de víctimas.
Por su parte, Mario Guillén Guillén refrendó el compromiso del Congreso para mantener una relación institucional con los poderes Ejecutivo y Judicial, los ayuntamientos y las distintas dependencias gubernamentales, con el propósito de fortalecer la gobernabilidad y dar seguimiento a la agenda pública.
Representantes del PT, PVEM, PRI, RSP, Movimiento Ciudadano y PAN coincidieron en mantener el diálogo y avanzar en políticas públicas relacionadas con seguridad, educación, salud, infraestructura y crecimiento económico.
Con ello, el Congreso chiapaneco abrió un nuevo periodo de trabajo con una agenda que, además de continuar con la actualización del marco jurídico estatal, coloca como asuntos prioritarios la prevención de la deserción escolar, la regulación del sector educativo, la atención a personas desaparecidas y la protección de menores afectados indirectamente por la violencia.
