México, 27 de septiembre.- La salida de Ernesto Ruffo Appel del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) del Altiplano no implica la suspensión ni una modificación de fondo de su proceso penal, aclaró la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que una autoridad judicial determinara que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa sea cumplida en el domicilio del imputado por razones humanitarias.
La FGR precisó que el cambio únicamente corresponde al lugar donde el exgobernador de Baja California deberá cumplir la medida cautelar, después de que su defensa argumentó ante el juez que el imputado es adulto mayor y enfrenta problemas de salud.
En un posicionamiento, la institución subrayó que la determinación judicial no significa que el proceso penal se detenga o que cambien las condiciones jurídicas de la investigación que se sigue en su contra.
La Fiscalía recordó que Ernesto Ruffo Appel enfrenta imputaciones por delitos como delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos, conductas que, de acuerdo con el marco constitucional citado por la institución, contemplan la imposición de prisión preventiva oficiosa.
Por ello, aclaró que la aplicación de esta medida no depende de una decisión discrecional del Ministerio Público Federal.
El señalamiento de la FGR ocurre después de que Ruffo Appel abandonara el penal de máxima seguridad del Estado de México para continuar bajo prisión preventiva en su domicilio, en cumplimiento de la resolución judicial.
La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) sostiene que la investigación permitió identificar una presunta red dedicada al contrabando de combustible, cuyas operaciones incluían el uso de ferrotanques para el traslado del hidrocarburo.
De acuerdo con la FGR, dicha operación estaría relacionada con una empresa vinculada con actividades de servicios portuarios, dragado y operación de puertos, de la cual Ernesto Ruffo figura como uno de los principales socios.
La institución federal señaló que la carpeta de investigación cuenta con diversos datos de prueba que, desde su perspectiva, sustentan las imputaciones.
Entre ellos mencionó dictámenes periciales, entrevistas, diligencias ministeriales y análisis de información financiera y operativa.
Uno de los elementos que destaca la Fiscalía es el comportamiento financiero de la empresa de la que Ernesto Ruffo es accionista.
Según la dependencia, la compañía registró movimientos millonarios en cuentas bancarias nacionales que, de acuerdo con el análisis ministerial, resultarían incongruentes con el perfil fiscal reportado por la empresa.
La FGR sostiene que estos elementos forman parte de la investigación que busca establecer las responsabilidades correspondientes dentro de la presunta estructura de contrabando de combustible.
Con ello, la dependencia federal busca dejar claro que la resolución judicial relacionada con las condiciones de cumplimiento de la medida cautelar no representa una exoneración ni el cierre de la investigación.
Ernesto Ruffo continuará sujeto al proceso penal y a la medida cautelar, aunque ahora deberá cumplirla desde su domicilio por las razones humanitarias consideradas por la autoridad judicial.
Finalmente, la Fiscalía General de la República reiteró que respetará las determinaciones del Poder Judicial Federal y que sus actuaciones continuarán sujetándose a la Constitución, las leyes y el debido proceso.
