México, 24 de septiembre.- El Senado se prepara para discutir un dictamen que endurece los requisitos para quienes busquen registrarse como candidatos a cargos de elección popular, al establecer que deberán acreditar el cumplimiento de obligaciones fiscales, patrimoniales y alimentarias antes de obtener su registro.
La Comisión de Gobernación, presidida por la senadora Margarita Valdez, aprobó el proyecto con 14 votos a favor y uno en contra, mediante el cual se modifican los artículos 238 y 383 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).
Entre las nuevas exigencias se establece que las solicitudes de registro de candidaturas deberán acompañarse de la declaración fiscal correspondiente al último ejercicio o, en su caso, de una constancia expedida por la autoridad competente que acredite que el aspirante se encuentra al corriente en el pago de sus contribuciones.
El dictamen incorpora además una condición relacionada con las obligaciones familiares: los aspirantes no deberán ser deudores alimentarios morosos o, si lo son, tendrán que demostrar que han cubierto los adeudos correspondientes.
A ello se suma la obligación de presentar el comprobante de haber entregado la declaración patrimonial y de intereses, con lo que el Senado busca que los requisitos para competir por un cargo público incluyan no sólo aspectos electorales, sino también elementos relacionados con la responsabilidad personal y el cumplimiento de obligaciones legales.
La Comisión de Gobernación sostuvo que las modificaciones representarían un aporte para la vida pública del país, al establecer un estándar mínimo de responsabilidad para quienes pretendan ocupar cargos de elección popular.
De acuerdo con el dictamen, la medida busca proteger el interés superior de niñas, niños y adolescentes, particularmente mediante la exigencia de que quienes aspiren a un cargo público no mantengan adeudos alimentarios pendientes.
Los legisladores argumentaron que la propuesta también contribuiría a fortalecer la congruencia entre la vida pública y el cumplimiento de la ley, además de reforzar la protección de personas en situación de vulnerabilidad.
El proyecto señala que la medida no representa una prohibición permanente para contender por un cargo, pues contempla que, en caso de existir adeudos alimentarios, el aspirante pueda acreditar que éstos fueron cubiertos.
La comisión consideró que las nuevas disposiciones también favorecerían la transparencia y la rendición de cuentas, permitirían una mayor depuración de los perfiles que buscan acceder a responsabilidades públicas y podrían contribuir a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.
Durante la discusión, la presidenta de la Comisión de Gobernación defendió particularmente el requisito relacionado con las obligaciones alimentarias.
La senadora Margarita Valdez cuestionó que una persona que incumple con sus responsabilidades hacia sus propios hijos pueda aspirar al respaldo ciudadano para asumir responsabilidades de gobierno.
“Si los deudores alimentarios, que pueden ser padres o madres, no tienen el sentimiento de cuidar a los que procrearon, con qué confianza les damos el voto para que cuiden a otros”, expresó.
El dictamen fue turnado a la Mesa Directiva para su discusión y eventual votación por el pleno en
