Washington, 16 de septiembre.- La corrupción de funcionarios públicos vinculados con organizaciones criminales se convirtió en uno de los principales puntos de presión de Estados Unidos hacia México en su nueva determinación sobre países considerados de tránsito de drogas o producción ilícita.
Aunque Washington reconoce avances de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum en el combate al narcotráfico, el gobierno del presidente Donald Trump sostiene que México debe ir más allá de los decomisos, el desmantelamiento de laboratorios clandestinos y el despliegue de fuerzas de seguridad, y reclama acciones contra quienes desde las instituciones públicas puedan estar facilitando las operaciones de los cárteles.
En el documento enviado por Trump al Congreso estadounidense el martes, señala que México debe fortalecer sus acciones contra las organizaciones criminales que, de acuerdo con la determinación, dominan amplias zonas de su territorio y mantienen capacidad para amenazar la seguridad estadounidense.
Uno de los reclamos más delicados es precisamente el relacionado con los servidores públicos. Washington exige que México avance en identificar, detener y procesar a los funcionarios corruptos que hayan ayudado o protegido a los cárteles, al considerar que su participación representa un problema no sólo para la lucha contra el narcotráfico, sino también para la seguridad y la soberanía mexicana.
El señalamiento coloca la corrupción institucional en el centro de la relación de seguridad entre ambos países.
Para Washington, combatir a las organizaciones criminales no implica únicamente perseguir a sus integrantes, decomisar drogas o destruir laboratorios, sino también desarticular las redes de protección que puedan existir dentro de las propias instituciones.
La exigencia estadounidense adquiere especial relevancia porque el documento reconoce que el gobierno de Sheinbaum ha incrementado los decomisos de drogas, desmantelado laboratorios clandestinos y desplegado recursos adicionales de seguridad en la frontera con Estados Unidos.
Incluso destaca que la cooperación bilateral permitió eliminar a algunos de los líderes criminales más notorios, entre ellos Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.
Sin embargo, para la administración Trump esos resultados no son suficientes. Estados Unidos considera que las inversiones actuales de México en sus fuerzas de seguridad requieren fortalecerse para sostener y ampliar las campañas contra las organizaciones criminales, sus finanzas y sus redes de operación.
La presión también alcanza a los puertos y las cadenas de suministro. Washington pide aumentar de manera significativa las inspecciones en los puntos de entrada mexicanos y promover una mayor participación de la iniciativa privada para reforzar la seguridad de las cadenas comerciales.
El planteamiento estadounidense coloca así un segundo frente para México: el combate al narcotráfico dentro de las instituciones.
La preocupación de Washington no se limita al volumen de drogas que llega a territorio estadounidense, sino a las condiciones que permiten a las organizaciones criminales mantener capacidad financiera, territorial y operativa.
La determinación, sin embargo, no coloca a México entre los países que Estados Unidos considera que fracasaron de manera demostrable durante los últimos 12 meses en el cumplimiento de sus compromisos internacionales contra las drogas.
Esa clasificación fue aplicada a Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia.
México sí permanece en la lista de países considerados de tránsito importante de drogas o producción ilícita, una clasificación que Estados Unidos aclara que no constituye por sí misma un juicio sobre los esfuerzos actuales de un gobierno.
La inclusión también responde a factores geográficos, comerciales y económicos que facilitan el tránsito o la producción de drogas y precursores químicos.
