México, 21 de agosto.- La reincorporación de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa, después de 112 días de licencia, provocó un deslinde inusual de Morena y de la Secretaría de Gobernación, que coincidieron en señalar que la decisión fue personal y que el mandatario deberá responder ante las investigaciones que permanecen abiertas por señalamientos formulados por autoridades de Estados Unidos.
En comunicados emitidos tras el anuncio del gobernador, la Secretaría de Gobernación y la dirigencia nacional de Morena marcaron distancia de su regreso al cargo y subrayaron que ninguna de las dos instancias tuvo participación en la determinación.
La Secretaría de Gobernación estableció que la decisión de Rocha Moya de reincorporarse a sus funciones “responde exclusivamente a una determinación de carácter personal”.
La dependencia recordó que, en su momento, la Fiscalía General de la República informó que mantiene abiertas carpetas de investigación relacionadas con las 10 personas señaladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre ellas el gobernador de Sinaloa.
En este contexto, Gobernación señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha solicitado de manera reiterada al gobierno estadounidense aportar las pruebas que sustenten los señalamientos realizados contra los involucrados.
“Corresponde a la Fiscalía General de la República, en el ámbito de sus atribuciones y de acuerdo con el avance de las investigaciones, proporcionar la información adicional que considere pertinente”, estableció la dependencia.
El posicionamiento federal ocurre horas después de que Rocha Moya anunciara que retomaba el ejercicio de sus funciones como gobernador constitucional de Sinaloa, cargo para el que fue electo y cuyo periodo concluye el 31 de octubre de 2027.
La Secretaría de Gobernación evitó respaldar políticamente el retorno del mandatario y optó por enfatizar que las investigaciones deben continuar conforme a las atribuciones de las instituciones responsables.
“Refrendamos nuestro respeto a las facultades de las instituciones competentes y al debido proceso en el desarrollo de cualquier investigación”, sostuvo.
La dirigencia nacional de Morena emitió un posicionamiento en el mismo sentido y afirmó que no tuvo conocimiento previo de la decisión de Rocha Moya de regresar al cargo.
“Esta dirigencia no tuvo conocimiento previo de la decisión personal del gobernador. Por lo anterior, Morena se deslinda de esta decisión”, señaló el partido.
Morena recordó que la separación temporal de Rocha Moya ocurrió después de los señalamientos realizados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y sostuvo que la Fiscalía General de la República y otras autoridades mexicanas mantienen investigaciones relacionadas con esas acusaciones.
El partido oficialista evitó pronunciarse a favor o en contra de la reincorporación y aseguró que mantendrá una postura de respeto al Estado de derecho y al debido proceso.
“Seremos respetuosos del estado de derecho, del debido proceso, así como del resultado de las investigaciones por parte de la FGR”, afirmó.
La dirigencia morenista agregó que continuará actuando con responsabilidad y que privilegiará el interés de la ciudadanía, además de mantener como principios la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a las instituciones.
La bancada de Morena en el Senado reforzó el mensaje de distanciamiento y sostuvo que la reincorporación del gobernador sinaloense constituye un “acto personal e individual”, de la misma manera que lo fue la solicitud de licencia que presentó meses atrás.
Las senadoras y senadores morenistas señalaron que corresponde exclusivamente a las autoridades de procuración de justicia determinar el curso de las investigaciones.
“Corresponde estrictamente a las autoridades y a las instancias de procuración de justicia actuar conforme a derecho y desahogar las investigaciones con rigor legal y pleno respeto a las instituciones”, señalaron.
La bancada aseguró que respetará los tiempos y las indagatorias de las autoridades.
El común denominador de los tres posicionamientos —Gobernación, Morena y senadores morenistas— es el deslinde político frente al regreso de Rocha Moya: ninguna de las instancias asumió como propia la decisión y todas trasladaron a la FGR y a las autoridades competentes la responsabilidad de determinar si existen elementos para avanzar en las investigaciones.
