México, 18 de agosto.- El Senado abrió la discusión de la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, con el objetivo de establecer reglas y protocolos homologados en todo el país, fortalecer la prevención y reducir los elevados niveles de impunidad que persisten en estos casos.
Durante la Mesa de Diálogo para el Análisis y Formulación de Propuestas sobre la iniciativa, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, especialistas, legisladoras, fiscalías, organizaciones civiles y organismos internacionales coincidieron en que el principal reto no es únicamente endurecer las penas, sino garantizar investigaciones eficaces, coordinación institucional y capacidad para prevenir la violencia antes de que llegue al extremo del feminicidio.
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, advirtió que entre enero de 2015 y julio de 2026 se han registrado más de 37 mil mujeres víctimas de muerte violenta, entre feminicidios y homicidios dolosos. Señaló que, en promedio, nueve mujeres han perdido la vida violentamente cada día durante ese periodo.
Esquivel destacó que detrás de las estadísticas existen familias afectadas y menores que quedan en orfandad, por lo que llamó a aprobar una legislación que permita combatir una impunidad que, afirmó, supera el 90 por ciento en este delito.
“La muerte violenta de una mujer no es un homicidio”, sostuvo la ministra, al señalar que estos casos deben investigarse desde el primer momento con perspectiva de género.
Uno de los principales cambios planteados es la homologación del delito de feminicidio en las 32 entidades federativas, debido a que actualmente existen diferencias en la definición del tipo penal, las razones de género, agravantes y sanciones.
La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracíbar, explicó que la iniciativa busca establecer un tipo penal sólido y criterios comunes para la actuación de las fiscalías, además de protocolos nacionales homologados y capacitación especializada para ministerios públicos, policías y personal pericial.
Uno de los puntos centrales de la propuesta es que toda muerte violenta de una mujer sea investigada inicialmente bajo la hipótesis de feminicidio, hasta que las evidencias permitan confirmar o descartar jurídicamente esa clasificación. Esta medida retoma criterios establecidos por la Suprema Corte a partir de casos como el de Mariana Lima Buendía.
La iniciativa también contempla la creación de un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad por Feminicidio, con el propósito de garantizarles atención integral y acceso prioritario a salud, educación y programas sociales.
Gómez Saracíbar señaló además que la propuesta reconoce a la familia social y contempla responsabilidad de personas morales cuando faciliten o incluso promuevan condiciones que contribuyan a la comisión de feminicidios.
La representante de ONU Mujeres en México, Eleonora Betancur González, respaldó la construcción de un estándar nacional y destacó que durante 2025 fueron víctimas de feminicidio 721 mujeres, mientras que otras 2 mil 74 fueron víctimas de homicidio doloso, para un total de 2 mil 795 mujeres privadas de la vida.
Subrayó que el desafío consiste en que cada muerte violenta sea investigada con perspectiva de género y que la nueva legislación no se quede en el papel, sino que se convierta en una garantía efectiva en todo el territorio nacional.
Desde la Fiscalía General de la República, Maribel Borjorges Beltrán sostuvo que el feminicidio representa la expresión extrema de una violencia estructural que frecuentemente está precedida por amenazas, agresiones, discriminación, relaciones de poder y omisiones institucionales.
Por ello, planteó que la responsabilidad del Estado debe comenzar antes del asesinato, mediante prevención, detección de riesgos y protección oportuna de las víctimas.
En contraste con la idea de que una respuesta más severa necesariamente implica mejores resultados, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pidió revisar cuidadosamente el énfasis en el incremento de penas.
Gema Chávez Durán, coordinadora general de Investigación de Delitos de Feminicidio de esa institución, informó que durante 2025 y lo que va de 2026 la Fiscalía capitalina alcanzó una tasa acumulada de judicialización de feminicidios de 95.6 por ciento: 95 por ciento en 2025 y 96 por ciento en lo que va de este año.
A partir de esa experiencia, sostuvo que la solidez de las investigaciones y la posibilidad efectiva de obtener una sanción pueden ser más determinantes que el simple aumento de las penas. También llamó a garantizar recursos suficientes para aplicar la nueva ley, pues implicaría crear fiscalías especializadas, registros, protocolos, capacitación y nuevas obligaciones institucionales.
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Senado, Malú Micher, informó que el proceso de consulta recibió 796 propuestas legislativas relacionadas con los 62 artículos y 12 transitorios de la iniciativa. En total, 174 personas se registraron para presentar modificaciones, adiciones o revisiones, además de más de 90 asistentes registrados para acompañar los trabajos.
Micher aseguró que las aportaciones serán sistematizadas y analizadas, y sostuvo que el propósito no es realizar una consulta de trámite, sino incorporar los planteamientos que permitan construir una legislación aplicable y eficaz.
El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, coincidió en que el reto consiste en superar la fragmentación normativa y garantizar que la prevención, investigación y sanción funcionen de manera coordinada.
La discusión legislativa tendrá así como uno de sus principales desafíos pasar de una legislación que establezca obligaciones a un sistema capaz de cumplirlas, con recursos, personal especializado, protocolos comunes y mecanismos de prevención.
Por su parte, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, advirtió que uno de los principales retos de la nueva ley será homologar las capacidades del Estado para prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia feminicida, y no limitarse únicamente a unificar la tipificación del delito.
Señaló que Federación, estados y municipios deberán asumir responsabilidades claras y coordinarse como un verdadero sistema, de manera que cualquier mujer pueda acceder al mismo estándar de protección sin importar la entidad, municipio o comunidad donde viva.
“La meta debe ser una ley que permita actuar antes, proteger a tiempo, investigar con rigor, sancionar con justicia y avanzar hacia la erradicación de la violencia feminicida”, afirmó.
El objetivo, coincidieron los participantes, es que la nueva ley no sea solamente una homologación del delito ni un endurecimiento de sanciones, sino una transformación de la respuesta del Estado frente a la violencia feminicida y una herramienta efectiva para evitar que más mujeres sean asesinadas y que sus familias tengan que enfrentar, además del duelo, una larga batalla por justicia.