México, 4 de agosto.- Movimiento Ciudadano cuestionó el decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la transparencia del gobierno federal, al advertir que el nuevo esquema concentra en el Poder Ejecutivo funciones que antes estaban a cargo de órganos autónomos, lo que, a su juicio, puede debilitar los contrapesos institucionales.
El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, criticó que la administración federal plantee un modelo en el que el propio gobierno sea responsable de garantizar la apertura de la información pública, después de la desaparición de organismos autónomos encargados de vigilar este derecho.
“El gobierno federal de Morena tiene una idea muy peculiar de la transparencia: desaparece el órgano autónomo, concentra las funciones en el Ejecutivo y después pide un voto de confianza diciendo que ahora sí todo será más transparente”, afirmó.
El legislador sostuvo que el acceso a la información no debe depender de la voluntad del poder público, sino de instituciones con independencia y capacidad de supervisión.
“La transparencia no es una concesión del poder, es un principio constitucional de las personas; por eso son indispensables los contrapesos, las reglas claras y las autoridades independientes”, señaló.
Castañeda advirtió que cuando el Estado concentra la facultad de generar información, administrarla y decidir sobre sus reservas, existe el riesgo de que un derecho ciudadano termine dependiendo de criterios políticos o administrativos.
La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este martes un decreto con el que busca fortalecer la transparencia gubernamental, ampliar la información pública disponible y establecer criterios más estrictos para reservar documentos oficiales.
Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que la medida tiene como objetivo garantizar el derecho constitucional de acceso a la información bajo el principio de máxima publicidad establecido en el artículo sexto de la Constitución.
Sheinbaum aseguró que el decreto eliminará la discrecionalidad de los servidores públicos para decidir qué información puede mantenerse oculta y obligará a las dependencias federales a privilegiar la publicación de datos generados por el gobierno.
Explicó que únicamente podrá reservarse información en los casos previstos por la Constitución, como asuntos relacionados con seguridad nacional o procedimientos judiciales y administrativos que se encuentren en curso.
La presidenta adelantó que las nuevas disposiciones serán incorporadas posteriormente a la Ley General de Transparencia mediante una iniciativa que enviará al Congreso de la Unión.
