México, 22 de julio.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier, sostuvo que el caso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, debe analizarse desde una perspectiva jurídica y no política, al considerar que la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) apunta a una presunta red de contrabando de combustibles, fraude fiscal y falsificación de documentos, cuya dimensión podría incluso derivar en acusaciones por delincuencia organizada.
El legislador de Morena afirmó que el expediente no se limita al llamado “huachicol fiscal”, sino que involucra una estructura más amplia de presuntos delitos relacionados con la importación irregular de combustibles.
“Entonces es un tema que no es un tema sencillo, que le van a meter la arista política normal, natural. Yo ayer lo comenté en mi tweet, que por eso si se mete la arista política, habría que investigar el financiamiento de Somos México, había que investigar también el nacimiento de la alternancia, dónde fue a terminar. Entonces hay que ser cautelosos, pero sí es claro que nos estamos enfrentando a una maquinaria de logística fiscal de contrabando grave para el país”, señaló al ser cuestionado sobre el caso Ruffo.
Mier sostuvo que la investigación debe alcanzar a todos los involucrados en la cadena de responsabilidades, tanto funcionarios como integrantes de empresas privadas, y dejó en claro que será la FGR, y posteriormente un juez, quienes determinen si existen elementos para configurar el delito de delincuencia organizada.
El senador reconoció que el caso inevitablemente tendrá una lectura política; sin embargo, pidió actuar con prudencia y esperar a que concluyan las investigaciones antes de emitir juicios.
Como parte de ese contexto, recordó que anteriormente planteó la necesidad de revisar el origen del financiamiento de la organización política Somos México y de analizar el proceso que dio origen a la alternancia política iniciada en Baja California en 1989, encabezada por Ruffo Appel.
Aseguró que las dimensiones del presunto esquema de contrabando evidencian una operación logística de gran escala que habría provocado importantes pérdidas económicas al país y distorsiones en el mercado de combustibles.
Explicó que la investigación pública habla de volúmenes superiores a 144 millones de litros de combustible, una cantidad que, ejemplificó, sería suficiente para abastecer durante una semana todo el parque vehicular del estado de Puebla.
“Es una cantidad impresionante que se convierte en fraude y afecta a los consumidores, al mercado y a la economía nacional”, afirmó.
Al responder a las críticas del PAN, que acusa una persecución política y cuestiona la actuación del Poder Judicial, rechazó las descalificaciones anticipadas contra los jueces y recordó que el nuevo sistema judicial cuenta con mecanismos institucionales para investigar posibles irregularidades, como el Tribunal de Disciplina Judicial.
También evitó pronunciarse sobre los señalamientos hechos por autoridades de Estados Unidos contra otros funcionarios mexicanos, al señalar que antes de emitir cualquier opinión deben presentarse pruebas y agotarse las investigaciones.
“La realidad es la que nos alcanza; hay que esperar los hechos y actuar con prudencia”, dijo.
Finalmente, informó que la iniciativa presidencial para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio ya fue turnada a las comisiones de Igualdad y Justicia del Senado, por lo que confió en que el dictamen pueda quedar listo para la primera semana del próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia el 1 de septiembre.
