México, 7 de julio.- Con el argumento de fortalecer la confianza ciudadana, prevenir la infiltración del crimen organizado en las instituciones y garantizar que quienes ejercen el poder público lo hagan en condiciones óptimas, el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Carlos Enrique Canturosas Villarreal, presentó una iniciativa para hacer obligatorios los exámenes toxicológicos a servidores públicos mediante una reforma a la Constitución.
El legislador plantea modificar los artículos 59, 91 y 100 de la Constitución para establecer que diputadas y diputados federales, senadoras y senadores deberán someterse a un examen toxicológico al inicio de cada periodo ordinario de sesiones; que las personas titulares de las secretarías de Estado deberán realizarse la prueba de manera anual y que las magistradas, magistrados, juezas y jueces del Poder Judicial también sean evaluados cada año durante el tiempo que permanezcan en funciones.
La iniciativa sostiene que el consumo de drogas ilícitas o el abuso de sustancias psicoactivas puede afectar la capacidad de decisión, el juicio y el liderazgo de quienes desempeñan funciones públicas, por lo que la aplicación periódica de estos exámenes contribuiría a garantizar la integridad, idoneidad y transparencia en el servicio público.
Asimismo, señala que la medida reforzaría los mecanismos para detectar posibles vínculos entre funcionarios y redes del crimen organizado.
Como sustento jurídico, Canturosas Villarreal cita criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales establecen que las evaluaciones de control de confianza son constitucionales siempre que los requisitos que pretenden medir estén previstos expresamente en la ley.
Con base en ello, argumenta que la obligación debe incorporarse directamente en el texto constitucional para evitar cuestionamientos sobre su validez.
El diputado recuerda que diversas entidades federativas ya aplican exámenes antidoping a servidores públicos y menciona los casos de los congresos de Baja California Sur y Baja California, donde legisladores y personal directivo son sometidos periódicamente a estas pruebas como parte de sus mecanismos de control y rendición de cuentas.
También refiere que iniciativas similares han sido promovidas anteriormente por legisladores del PAN y del PT.
El proyecto establece además que, una vez aprobada la reforma, las secretarías de Estado, el Tribunal de Disciplina Judicial y los congresos estatales contarán con un plazo de hasta 180 días para implementar los exámenes y armonizar sus respectivos marcos jurídicos, extendiendo la obligación a otros servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, incluidos presidentes municipales, regidores, síndicos y titulares de alcaldías de la Ciudad de México.
