México, 14 de mayo.- El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, rechazó que la institución esté involucrada en presuntas redes de control ilegal del agua vinculadas con el crimen organizado en Sinaloa, y atribuyó las acusaciones a una confusión sobre el funcionamiento de los distritos de riego, los cuales —subrayó— son operados por asociaciones civiles y no directamente por el gobierno federal.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario explicó que las versiones difundidas recientemente hacen referencia a los módulos y distritos de riego que fueron transferidos a organizaciones de usuarios desde la década de los noventa, como parte del proceso de descentralización impulsado durante los gobiernos neoliberales.
“Es muy importante hacer esta precisión”, sostuvo Morales López, al señalar que las notas periodísticas apuntan a supuestas entregas irregulares de agua y recursos, así como a posibles vínculos con actividades delictivas.
Sin embargo, aclaró que esos distritos son asociaciones civiles autónomas que administran la infraestructura hidráulica y toman decisiones bajo sus propias reglas internas.
Detalló que los módulos de riego son electos por los propios usuarios y operan bajo normatividad independiente, por lo que “nada tienen que ver con la institución de la Conagua”.
El titular de la dependencia reconoció, no obstante, que el gobierno federal ya inició procedimientos de verificación para investigar los señalamientos surgidos en Sinaloa y advirtió que, en caso de detectarse irregularidades o delitos relacionados con el uso ilegal del agua, se presentarán las denuncias correspondientes ante las fiscalías competentes.
Morales explicó que la Conagua mantiene un sistema permanente de inspecciones a través de la Administración del Agua, con el objetivo de supervisar concesiones, extracción y distribución del recurso hídrico.
Indicó que cuando se detecta alguna anomalía, la autoridad actúa en dos vías: primero mediante sanciones administrativas y suspensión de servicios, y posteriormente con denuncias penales.
El funcionario aprovechó para contrastar el caso de Sinaloa con el conflicto hídrico ocurrido en Chihuahua, donde —afirmó— un exgobernador se apropió ilegalmente de agua destinada a productores agrícolas y construyó infraestructura hidráulica sin autorización federal.
“Construye una presa sin permiso, se apropia además con más represos y ahí estaba el tema de la impunidad”, acusó Morales, al explicar que la Conagua ejecutó acciones legales y administrativas que derivaron en la demolición de esa infraestructura.
Añadió que las investigaciones en Sinaloa se derivan directamente del impacto mediático de las denuncias públicas y que ya comenzaron las verificaciones oficiales para determinar si existen elementos que acrediten uso ilegal del agua o posibles vínculos criminales.
“En caso de que nosotros encontremos que esto que se dice en la nota es cierto, pues se van a presentar las denuncias correspondientes”, sostuvo.
