México, 29 de abril.- Senadores de oposición reaccionaron con dureza a las acusaciones presentadas por autoridades de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázares, por presuntos delitos de narcotráfico y tráfico de armas, al considerar que el caso representa una crisis de credibilidad para México y exige respuestas inmediatas de los implicados y del gobierno federal.
El dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, lanzó la postura más contundente al exigir la renuncia inmediata del mandatario sinaloense.
A través de un posicionamiento público, sostuvo que los señalamientos confirmaban denuncias previas de su partido sobre la situación de violencia e infiltración del crimen organizado en la entidad.
Moreno Cárdenas afirmó que la acusación dada a conocer por autoridades estadounidenses no es un hecho menor, sino un caso de alcance internacional que coloca a México en una “crisis de credibilidad”.
Señaló que, según lo expuesto, existiría una red de servidores públicos que habrían utilizado el poder para proteger intereses criminales y garantizar impunidad.
El senador priista acusó que Sinaloa llegó a este punto por decisiones y omisiones de gobiernos de Morena, a los que responsabilizó de no enfrentar al crimen organizado e incluso, dijo, de facilitar su operación.
Bajo ese argumento, insistió en que Rocha Moya debe separarse del cargo para enfrentar las acusaciones y que todos los implicados deben ser investigados “hasta sus últimas consecuencias”.
Además, calificó el caso como un hecho sin precedentes en la historia reciente del país y respaldó las acciones del gobierno estadounidense para investigar redes de presuntos vínculos entre políticos y el crimen organizado.
También exigió a Morena dar una explicación pública sobre los señalamientos.
Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, adoptó una postura más institucional, aunque igualmente crítica.
Consideró que las acusaciones constituyen un hecho “grave” que no puede minimizarse y que obliga a los señalados a dar una explicación puntual y exhaustiva.
El legislador subrayó que, si bien debe prevalecer la presunción de inocencia, los funcionarios implicados tienen la responsabilidad política de rendir cuentas.
“No es un asunto menor”, reiteró, al tiempo que advirtió que este caso podría marcar “un antes y un después” en la vida pública del país.
Castañeda también cuestionó que este tipo de investigaciones provengan del extranjero, lo que —dijo— evidencia el rezago de las autoridades mexicanas en el combate a la corrupción y al crimen organizado.
En ese sentido, llamó a que la Fiscalía General de la República colabore con las autoridades estadounidenses y actúe conforme a derecho.
Asimismo, rechazó que el Senado deba convertirse en un espacio de “linchamiento político”, y sostuvo que corresponde a las instituciones de procuración de justicia determinar responsabilidades. No obstante, insistió en que todos los acusados deben comparecer públicamente y aclarar los señalamientos en su contra.
En tanto, la senadora del PAN, Lilly Téllez, celebró la acción de la justicia estadounidense y lamentó que las investigaciones no se hayan iniciado en México.
Afirmó que la presentación de cargos penales en Nueva York contra Rocha Moya representa un momento relevante, al considerar que se comienza a señalar “con nombre y apellido” a presuntos integrantes de redes delictivas vinculadas a Morena.
