México, 28 de abril.- El Senado vivió este martes un intenso y polarizado debate tras la inasistencia de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos, a la reunión convocada por comisiones para explicar la presunta participación de agentes de la CIA en operativos de seguridad en esa entidad.
Legisladores de Morena calificaron el hecho como un “desacato político”, mientras que desde la oposición se defendió la decisión de la mandataria estatal y se acusó un uso político del caso.
Desde tribuna, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, informó que la reunión fue cancelada luego de que, mediante un oficio enviado apenas horas antes, la gobernadora declinara asistir.
El encuentro tenía como propósito esclarecer los hechos ocurridos en Chihuahua, donde presuntamente participaron agentes extranjeros en el desmantelamiento de un narcolaboratorio, lo que, de acuerdo con el informe presentado, podría constituir violaciones a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional.
Cantón Zetina detalló que los hechos podrían representar una transgresión de gran magnitud al involucrar la posible intervención de agentes extranjeros sin autorización federal, así como la omisión de informar oportunamente al gobierno de México y la falta de coordinación institucional.
Subrayó que estos elementos rebasan el ámbito local y se ubican en la esfera de la seguridad nacional, competencia exclusiva de la federación.
El legislador advirtió que, conforme a la Constitución, ninguna entidad federativa puede asumir atribuciones en materia de seguridad nacional, relaciones internacionales o control de agentes extranjeros, por lo que cualquier actuación unilateral podría tener consecuencias graves para el orden constitucional.
Incluso, señaló que, de confirmarse los hechos, podrían derivarse responsabilidades administrativas, políticas o penales, incluyendo posibles delitos como traición a la patria.
En el mismo sentido, la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Lucía Trasviña, calificó la ausencia de la gobernadora como un “desacato político, institucional y republicano”, al considerar que se trataba de un ejercicio legítimo de rendición de cuentas.
Afirmó que los hechos en Chihuahua constituyen una violación a la soberanía nacional y a diversos artículos constitucionales, además de la Ley de Seguridad Nacional.
Trasviña sostuvo que la creación de una unidad especializada por parte de la Fiscalía estatal para investigar los hechos es ilegal, al tratarse de delitos del orden federal que corresponden a la Fiscalía General de la República.
Señaló que esta acción podría interpretarse como un intento de evadir responsabilidades y ocultar información relevante.
Desde la oposición, el senador del PAN, Ricardo Anaya, defendió la actuación del gobierno de Chihuahua y acusó que el caso ha sido sobredimensionado con fines políticos.
“Se tiran al piso como si una invitación fuera un mandato”, reprochó.
En contraste, denunció que no se da la misma relevancia a casos que involucran a funcionarios afines al oficialismo, como el del gobernador de Sinaloa, a quien —aseguró— le fue retirada la visa estadounidense y que presuntamente tenía vínculos indirectos con un narcotraficante.
“El problema es que les parece gravísimo que una gobernadora combata al crimen organizado, pero no les parece grave cuando se trata de sus propios gobernadores”, sostuvo.
Por su parte, el senador de Morena, Enrique Inzunza, sostuvo que la historia de México está marcada por la defensa de su soberanía y que cualquier intervención extranjera sin autorización representa una violación grave.
Señaló que las autoridades de Chihuahua habrían incurrido en actos que comprometen la seguridad nacional y que deben ser investigados y sancionados conforme a la ley.
En una postura intermedia, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, consideró que el caso evidencia fallas estructurales en la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.
Señaló omisiones tanto a nivel federal como estatal, así como la falta de operación de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, lo que ha generado vacíos de supervisión.
El debate también estuvo marcado por confrontaciones verbales, como las protagonizadas por legisladores del PAN, entre ellos Javier Corral y Lilly Téllez, quienes intercambiaron acusaciones y descalificaciones, elevando el tono de la discusión.
La senadora del PRI, Claudia Anaya, se pronunció en el Senado a favor del orden constitucional y legal del país, al advertir que México debe cerrar filas en defensa de su soberanía frente a cualquier acto de injerencia extranjera.
Asimismo, cuestionó la presencia de agentes extranjeros en operativos dentro del país, particularmente en Chihuahua, y planteó interrogantes sobre el nivel de conocimiento que tienen las autoridades mexicanas en materia de inteligencia y contrainteligencia.
“¿Qué estaban haciendo esos agentes internacionales en Chihuahua?”, cuestionó, al advertir que el caso conocido públicamente derivó de un hecho accidental con víctimas mortales, lo que —dijo— obliga a una revisión más amplia sobre la actuación de actores extranjeros en territorio nacional.
Anaya también llamó a revisar el papel de las instituciones de seguridad e inteligencia, incluyendo el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional y áreas de la Secretaría de la Defensa Nacional, al advertir posibles fallas en el flujo de información sobre la presencia de agentes extranjeros.
En ese contexto, planteó que la relación con Estados Unidos en materia de seguridad corresponde directamente a la Presidencia de la República, por lo que pidió que las investigaciones se conduzcan con responsabilidad institucional.
Finalmente, sostuvo que el análisis del caso debe ampliarse a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y no limitarse a una discusión política, al advertir que la presencia de actores extranjeros no sería un fenómeno exclusivo de Chihuahua.
“Ni culpando a los muertos van a evitar toda la responsabilidad que tuvieron los vivos”, remató el senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
