Las comisiones unidas de Reordenamiento Urbano y Vivienda, de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos Primera del Senado de la República aprobaron un dictamen que amplía de manera significativa las facultades operativas del INFONAVIT y del FOVISSSTE, permitiéndoles no solo otorgar créditos, sino también participar directamente en la construcción, adquisición y administración de vivienda.
El proyecto de reforma a la Ley de Vivienda fortalece el papel de ambos organismos como ejes centrales del nuevo modelo de política habitacional con enfoque social, en línea con los cambios constitucionales impulsados en 2024.
El ajuste más relevante es que tanto el INFONAVIT como el FOVISSSTE dejan de operar exclusivamente como entidades financieras para convertirse en actores directos del mercado habitacional, con facultades legales explícitas para intervenir en toda la cadena de producción de vivienda.
Con la modificación al artículo 56 de la Ley de Vivienda, ambos organismos podrán:
- Construir y rehabilitar vivienda
- Adquirir y urbanizar terrenos
- Demoler inmuebles para nuevos desarrollos
- Financiar autoproducción de vivienda
- Arrendar viviendas con posibilidad de venta
- Participar en esquemas de uso mixto habitacional
Estas acciones deberán ser aprobadas por sus respectivos órganos de gobierno, pero ahora contarán con un marco legal que elimina restricciones operativas previas.
El dictamen también incorpora formalmente a ambos institutos dentro de la Ley de Vivienda como actores obligados a coordinarse con la política nacional encabezada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
Asimismo, se reconocen sus empresas filiales para evitar vacíos legales en su operación.
La reforma se alinea con el nuevo esquema de vivienda con orientación social que contempla créditos más amplios —incluyendo construcción, mejora y no solo adquisición—, adquisición de suelo por parte de los organismos y esquemas de arrendamiento social con opción a compra.
El objetivo, de acuerdo con el dictamen, es que ambas instituciones intervengan en toda la cadena de producción habitacional y no únicamente en el financiamiento, con la finalidad de reducir la dependencia del sector privado y acelerar la construcción de vivienda adecuada.
Este fortalecimiento institucional también busca respaldar el programa federal que proyecta la construcción de 1.8 millones de viviendas, ampliando la capacidad operativa del sector público.
El dictamen generó posiciones encontradas entre legisladores.
La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, advirtió que la reforma abre la puerta a que el Fovissste pueda disponer de recursos de los trabajadores del Estado, que estimó en 286 mil millones de pesos.
“Se pretende permitir el uso de los recursos de vivienda de los trabajadores del Estado: maestros, policías, médicos, trabajadores del Metro, del Senado y de la Cámara de Diputados”, señaló.
Por su parte, la senadora del PRI, Mely Romero, criticó la reforma al señalar que implica un riesgo para el patrimonio de los trabajadores.
“Los más de 2.4 billones de pesos acumulados en Infonavit y Fovissste son propiedad de los trabajadores. Es el fruto de su esfuerzo personal. No es una caja chica para proyectos de gobierno”, afirmó.
El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, expresó preocupación por lo que calificó como un riesgo para los ahorros de los trabajadores, particularmente aquellos del sector público.
“Se está poniendo en riesgo el dinero de policías, maestros, médicos y trabajadores del Estado”, sostuvo.
En contraste, el senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, defendió la reforma al asegurar que el dictamen establece límites para no comprometer la solvencia financiera de los fondos ni los derechos de los trabajadores.
“Lo que se está haciendo es correcto. Habrá control y participación, pero no se comprometen los fondos ni los derechos adquiridos”, señaló.
El dictamen será discutido en el pleno del Senado en los próximos días.
