El Senado de la República recibió la iniciativa de reforma constitucional enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum para modificar el artículo 127 de la Constitución y poner fin a las pensiones millonarias que actualmente perciben ex altos funcionarios del gobierno federal.
El pasado 18 de febrero, la titular del Ejecutivo anunció el envío de esta propuesta con el objetivo de eliminar lo que calificó como privilegios injustificados que durante años han representado un gasto oneroso para el erario.
La iniciativa establece un límite de 70 mil pesos mensuales a las jubilaciones y pensiones de quienes ocuparon cargos de confianza en la administración pública federal, particularmente en organismos como Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Banco Nacional de Comercio Exterior y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.
De acuerdo con el proyecto, las pensiones de exfuncionarios de alto nivel no podrán exceder el 50 por ciento de la remuneración que percibe la persona titular del Poder Ejecutivo Federal, es decir, la presidenta o el presidente en funciones.
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que la propuesta ya fue recibida por la Mesa Directiva y será turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos para su análisis y dictaminación.
“El objetivo de este proyecto es que los exfuncionarios de organismos como el Banco de México, Pemex o la CFE no ganen más que el 50 por ciento de lo que gana la Presidenta de la República en sus pensiones, es decir, que no ganen más de 70 mil pesos mensuales”, explicó.
Castillo destacó que la reforma busca generar justicia y un ahorro estimado de cinco mil millones de pesos anuales, recursos que, señaló, podrían destinarse a programas sociales.
La legisladora subrayó que el ajuste aplicará exclusivamente a ex altos mandos de confianza que, pese a haber ocupado cargos por periodos relativamente cortos, reciben jubilaciones desproporcionadas con cargo a recursos públicos.
Asimismo, aclaró que la reforma no afectará a trabajadores sindicalizados ni a quienes cuentan con pensiones derivadas de contratos colectivos o condiciones generales de trabajo, cuyos derechos están protegidos por la ley.
Una vez que las comisiones elaboren el dictamen correspondiente, este será sometido a consideración del pleno para su discusión y eventual votación.
Al tratarse de una reforma constitucional, requerirá mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso y la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales.
Castillo aseguró que el tema, “tan sentido para la población”, será atendido con responsabilidad y de cara a la nación por parte del órgano legislativo.