México, 15 de enero.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República exigió la suspensión inmediata del registro obligatorio de líneas telefónicas móviles impulsado por el Ejecutivo Federal, al advertir que dicha medida pone en riesgo la privacidad, la presunción de inocencia y la seguridad de millones de usuarios en el país.
A través de su Grupo Parlamentario, el PRI presentó un exhorto para que se revise y se suspenda la aplicación del padrón de telefonía móvil hasta contar con una evaluación integral de carácter técnico, jurídico y en materia de derechos humanos.
Las y los legisladores señalaron que el combate a la delincuencia no debe realizarse a costa de sacrificar garantías constitucionales ni de exponer a la ciudadanía a nuevos riesgos.
“El Estado debe combatir la delincuencia con inteligencia, no con medidas improvisadas que vulneran derechos fundamentales y dejan desprotegida a la población”, advirtieron las senadoras y senadores priistas.
El grupo parlamentario alertó que el registro obligatorio carece de controles suficientes y reproduce errores del pasado, como el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT), el cual fue invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2022, tras determinar que violaba derechos humanos y no acreditaba su eficacia para reducir delitos.
Asimismo, rechazaron el argumento de que la recolección masiva de datos personales y biométricos sea una herramienta efectiva para combatir delitos como extorsiones, secuestros o fraudes telefónicos. Por el contrario, señalaron que la creación de bases de datos con información sensible convierte a los usuarios en potenciales víctimas de la delincuencia organizada.
Como ejemplo de estos riesgos, recordaron que el primer día de implementación del registro, la empresa Telcel reportó la vulneración de su plataforma y la filtración de información sensible, lo que evidenció las fallas técnicas y la fragilidad de los sistemas de resguardo de datos.
El PRI también advirtió sobre posibles escenarios de espionaje y uso indebido de la información sin controles judiciales claros, lo que podría derivar en violaciones sistemáticas a la privacidad de las personas.
Las y los legisladores subrayaron que esta política pública ignora precedentes constitucionales y minimiza el impacto negativo en sectores vulnerables de la población, particularmente personas expuestas a contextos de violencia, discriminación o criminalización.
Finalmente, alertaron que la recolección obligatoria de datos como fotografías y huellas dactilares incrementa el riesgo de suplantación de identidad, robo de teléfonos y la posibilidad de que ciudadanos enfrenten responsabilidades penales injustas en casos de clonación de líneas o uso indebido de sus datos personales.
El Grupo Parlamentario del PRI reiteró su llamado a suspender el registro y a abrir un análisis serio, transparente y con enfoque de derechos humanos antes de implementar cualquier medida que implique la recolección masiva de información personal de la población.
