México, 26 de noviembre.- La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la iniciativa de Ley de Aguas Nacionales enviada al Congreso y aseguró que su aprobación es indispensable para “poner orden” en el uso del recurso, terminar con décadas de acaparamiento privado y garantizar el acceso al agua como un derecho humano.
Durante la conferencia matutina, la mandataria expuso que el modelo instaurado en 1992 —cuando se creó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) bajo una visión de mercado— permitió que el líquido se tratara como mercancía y no como un bien estratégico de la nación.
Sheinbaum recordó que la Constitución de 1917 estableció que los recursos naturales, incluido el agua, son propiedad de la nación.
Sin embargo, la normativa vigente ha permitido que las concesiones sean vendidas o transferidas entre particulares, generando prácticas de especulación, sobreexplotación y acaparamiento.
“Si yo tengo una concesión, la puedo vender y solo se le avisa a la Conagua. Esa lógica mercantil nos llevó a la sobreexplotación de ríos y acuíferos en casi todo el país”, señaló.
La presidenta insistió en que el nuevo marco legal corrige un sistema que “permitió negocios millonarios a costa del derecho al agua de comunidades enteras”, y que incluso obstaculizó que municipios, industrias o familias accedieran al recurso cuando había concesiones inactivas o subutilizadas.
Uno de los ejes centrales de la reforma es depurar y ordenar el padrón de concesiones.
Sheinbaum reveló que su gobierno identificó tres bases de datos contradictorias y múltiples concesiones vigentes que no se usaban.
“Hay pozos que podrían servir para darle agua a la gente humilde, pero no se puede porque están concesionados a alguien que ni siquiera los utiliza”, explicó.
Relató que al inicio de su administración se convocó a un “gran acuerdo por el agua” para que quienes no usaran sus concesiones las regresaran voluntariamente; varios agricultores y empresarios aceptaron, pero otros —principalmente grandes distritos de riego— se han resistido.
La presidenta denunció prácticas de lucro en algunos distritos de riego donde el agua, originalmente concesionada sin costo para producción agrícola, era revendida a municipios.
“Hay quienes ganan hasta 300 millones de pesos al año por vender agua que no deben vender. Por eso no quieren la ley: porque se les acaban esos privilegios”, afirmó.
El proyecto de ley elimina la posibilidad de vender o transferir concesiones a terceros. Por ejemplo, un agricultor ya no podrá vender su título de agua a desarrolladores inmobiliarios; deberá devolverlo a Conagua, y los constructores deberán solicitar uno nuevo conforme a ordenamientos oficiales.
Sheinbaum rechazó que la reforma frene el crecimiento económico. Por el contrario —dijo— permitirá que industrias y municipios accedan al agua donde ahora está acaparada, y que las comunidades sin servicio puedan tenerlo por primera vez.
“Entonces, estamos poniendo orden y estamos garantizando el agua como derecho humano y como recurso de la nación. Eso limita el desarrollo, no, lo ordena en un recurso tan importante para el mundo entero y para México, que es el agua.
“Hay algunos que tienen muchísimas concesiones de agua, muchísimas, y no quieren. Pues sí, pero llegamos a transformar aquellos privilegios que les dieron durante mucho tiempo de agua que no usan o agua que sobreexplotan, pues ya no, y que ahí donde no hay agua pueda haber agua”, insistió.
También afirmó que el gobierno está apoyando a agricultores, pequeños y medianos, con recursos para tecnificar sistemas de riego y mejorar su eficiencia hídrica, de modo que puedan mantener o aumentar su producción sin sobreexplotar los acuíferos.
La presidenta reconoció que la iniciativa “puede tener algún error” y que existe disposición para corregir lo necesario en las mesas legislativas, pero advirtió que no se permitirá que los grupos beneficiados por el viejo sistema frenen la reforma.
“Quieren generar la idea de caos. No, lo que pasa es que están contra la pérdida de sus privilegios”, declaró.
Sheinbaum adelantó que en próximos días presentará una revisión histórica de las concesiones entregadas en gobiernos anteriores, particularmente durante el sexenio de Felipe Calderón, para evidenciar cómo se concentró el agua en manos de unos cuantos.
La mandataria cerró con un mensaje firme: “No a los privilegios, sí a la ley, sí al Estado de Derecho. Nadie ni nada por encima de la ley. Ya no más acaparamiento del agua para beneficio de unos cuantos”.
Sostuvo que la reforma permitirá transformar la administración del agua en México y garantizar el acceso equitativo a un recurso cada vez más escaso.
