México, 26 de noviembre.- El gobierno de México defendió este miércoles el paquete de reformas en materia hídrica enviado a la Cámara de Diputados, al asegurar que la nueva Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales buscan “recuperar la rectoría del Estado” sobre el recurso y garantizar el derecho humano al agua para comunidades, pequeños productores y población rural.
Durante la presentación de los alcances de la iniciativa, el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, subrayó que quienes se oponen a los cambios “están defendiendo sus intereses”:
“Quienes están en algunas ocasiones oponiéndose a esta iniciativa, quienes generan campañas de desinformación, quienes están muy preocupados por que no se pase esta ley en los términos que se ha planteado, pues es que lo que están haciendo es defendiendo sus intereses, porque son quienes durante muchos años al amparo del poder político y al amparo del poder económico han acaparado grandes cantidades de agua y con eso no han permitido que quien realmente la necesita, sobre todo pequeños y medianos productores, sobre todo comunidades rurales y comunidades indígenas puedan acceder al agua que le pertenece al pueblo de México”.
Morales explicó que el paquete incluye dos instrumentos centrales:
1. La nueva Ley General de Aguas, que reglamenta el artículo 4 constitucional, fija las bases para garantizar el derecho humano al agua.
2. La reforma a la Ley de Aguas Nacionales, reglamentaria del artículo 27, su eje es restablecer la rectoría del Estado sobre las concesiones.
El funcionario destacó que el cambio estructural radica en que el agua “deje de verse como una mercancía” y pase a considerarse un bien estratégico.
Entre los puntos clave, mencionó:
• Definir competencias claras entre los tres niveles de gobierno.
• Reconocer y fortalecer a los sistemas comunitarios de agua.
• Eliminar la posibilidad de transferir concesiones entre particulares, práctica que —dijo— generó desigualdad y concentró el recurso en manos de quienes tenían mayor capacidad económica.
Conagua señaló que la reforma también prohíbe cambiar el uso original de una concesión, una de las prácticas más extendidas y con mayor impacto negativo.
Morales detalló que títulos otorgados para uso agrícola han terminado en desarrollos inmobiliarios, parques industriales o campos de golf, sin control estatal, lo que “ha generado un gran desorden y afectaciones en diversas regiones del país”.
Además, la iniciativa contempla:
• La creación de un Registro Público de Agua Nacional, que transparentará beneficiarios, volúmenes otorgados y criterios de asignación.
• Nuevos procedimientos y sanciones para combatir el robo de agua.
• Un Fondo de Reserva de Aguas Nacionales para garantizar el suministro en comunidades indígenas y zonas con alta vulnerabilidad hídrica.
• La prohibición de mantener concesiones “ociosas” usadas de manera especulativa para acaparar volúmenes.
El director aclaró que la regulación de la captación de agua de lluvia no busca limitar esta práctica, sino evitar infraestructura “desproporcionada” que altera el ciclo hidrológico y afecta ecosistemas.
“Somos promotores de la captación pluvial”, dijo, pero recalcó que en algunos casos se han construido estructuras que funcionan como verdaderos lagos, interrumpiendo el flujo hacia ríos y dañando especies animales y vegetales.
