Guanajuato, 29 de octubre.- La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, anunció hoy una nueva medida dirigida a garantizar la responsabilidad familiar y ética de quienes ingresan al servicio público estatal, a partir de ahora, todo aspirante a ocupar un cargo en la administración deberá presentar un certificado que acredite que no es deudor alimentario.
Durante su mensaje, la mandataria destacó que esta acción busca que las y los servidores públicos sean un ejemplo de compromiso y ética, no solo en el ejercicio de sus funciones, sino también en el ámbito familiar.
“El corazón de este gobierno de la gente está en sus familias, en sus niñas y en sus niños, en la familia. Por eso defendemos el derecho a que todos tengan una vida digna. No puede haber futuro ni bienestar pleno cuando se incumple una obligación tan básica y fundamental como brindar alimento y sustento a nuestras infancias”, señaló.
La gobernadora explicó que la medida se enmarca en la actualización de las condiciones generales de trabajo del estado, con el objetivo de asegurar que quienes tienen el privilegio de servir a la ciudadanía cumplan con la ley y con sus responsabilidades familiares.
“A partir de ahora, para ingresar en el servicio público estatal será necesario presentar el certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Es un requisito sencillo que puede obtenerse en línea, pero con un profundo sentido de justicia social que le debíamos a nuestras niñas y niños”, añadió.
García Muñoz Ledo recordó que esta iniciativa da cumplimiento a la reforma constitucional que suspende derechos a quienes incumplen sus obligaciones alimentarias, reforzando los valores de responsabilidad y ética en el servicio público.
“Para nosotros, el nuevo decir es el hacer. Cuando protegemos a nuestra niñez, protegemos el presente y el futuro de Guanajuato”, concluyó.
Con esta medida, Guanajuato se suma a los estados que buscan fortalecer la corresponsabilidad familiar y la ética pública, asegurando que quienes sirven a la ciudadanía también cumplan con sus obligaciones fundamentales fuera de la función gubernamental.
