México, 16 de octubre.- El ministro en retiro Arturo Zaldívar, actual coordinador general de Político y Gobierno de la Presidencia de México, rechazó que las recientes reformas a la Ley de Amparo representen un retroceso en la defensa de los derechos humanos o limiten el acceso a la justicia.
Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Zaldívar denunció que existe una “campaña de desinformación” para hacer creer a la ciudadanía que las modificaciones son regresivas, lo cual —aseguró— es “absolutamente falso”.
“Estamos inmersos en una campaña de desinformación en la que se busca hacer creer a la opinión pública, a la gente, que las reformas a la Ley de Amparo recientemente aprobadas son regresivas y limitan la defensa de las personas en relación con sus derechos, lo cual, como trataré de explicar, es absolutamente falso.
“El juicio de amparo es sin duda la institución jurídica más importante en nuestro país, es el instrumento mediante el cual las y los mexicanos hemos defendido nuestros derechos a través de la historia.
“Y esta institución, por supuesto, que ni se limita, ni se acota, ni se busca afectar la defensa de las personas. Un gobierno que viene de una historia de defensa de la democracia y de los derechos humanos, no podría proponer reformas regresivas en materia de derechos humanos”, afirmó
Zaldívar explicó que el propósito de la reforma es modernizar y agilizar el juicio de amparo, en concordancia con la reforma judicial constitucional, e impulsar la justicia digital para reducir costos y hacer los procesos más accesibles.
Aclaró que no se limita el interés legítimo, como han señalado críticos de la reforma. “Sigue habiendo defensa plena de los derechos colectivos, del medio ambiente y de los derechos difusos”, afirmó, al tiempo que recordó que el Senado precisó la redacción final de este concepto para evitar ambigüedades.
El ministro en retiro detalló que los cambios más sensibles se refieren a la figura de la suspensión en el amparo, de la cual se excluyen dos nuevos supuestos para impedir su uso indebido.
Uno de ellos, dijo, busca evitar suspensiones que obstaculicen el combate al lavado de dinero, ya que antes algunos tribunales levantaban bloqueos de cuentas de presuntos delincuentes.
“El amparo no puede servir para proteger a quienes se dedican a lavar dinero. Si se acredita el origen lícito de los recursos, se otorgará la suspensión; pero los fondos de la delincuencia organizada no pueden ser desbloqueados”, precisó.
El segundo supuesto impide otorgar suspensiones a quienes operen sin permiso, licencia o concesión federal, pues —dijo— la figura no puede sustituir facultades administrativas de la autoridad.
Respecto a la polémica sobre los créditos fiscales firmes, Zaldívar explicó que la reforma busca impedir que las empresas o personas físicas prolonguen indefinidamente los cobros del Servicio de Administración Tributaria (SAT) mediante recursos y amparos sucesivos.
Con la nueva norma, una vez que el crédito fiscal sea firme, solo podrá impugnarse la resolución final, no cada etapa del cobro. “No se afecta la defensa de los particulares —aclaró—, simplemente se acortan procesos que podían durar años”.
El coordinador presidencial desmintió que las reformas tengan efectos retroactivos, como han afirmado algunos magistrados en retiro.
Aseguró que las etapas procesales concluidas seguirán rigiéndose por la ley vigente al momento en que se resolvieron, y que las nuevas reglas aplicarán solo hacia el futuro.
“No hay retroactividad. Todos los derechos adquiridos en juicios en trámite son intocables. Lo que se está diciendo al respecto es una mentira deliberada”, sentenció.
Zaldívar acusó que las críticas provienen de “intereses afectados”, entre ellos, abogados de grandes deudores fiscales, jueces que se oponen a la reforma judicial y “comentócratas aliados al viejo sistema del PRIAN”.
Defendió que el juicio de amparo seguirá siendo una herramienta esencial de defensa de los derechos humanos, pero ahora será más rápido, moderno y claro, sin servir como “escudo” para quienes buscan eludir la ley.
“El amparo debe proteger los derechos humanos de todas las personas, pero no puede ser instrumento en manos de delincuentes o evasores fiscales”, concluyó.
