Washington, 5 de agosto.— Fiscales federales de Estados Unidos informaron que no buscarán la pena de muerte para los narcotraficantes mexicanos Ismael “El Mayo” Zambada, Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”, quienes enfrentan distintos procesos judiciales por delitos graves relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado.
La decisión fue notificada por el fiscal del caso, Joseph Nocella Jr., mediante oficios dirigidos a los jueces federales Brian Cogan, Frederick Block y Joan M. Azrack, encargados de los distintos casos en las cortes del distrito este de Nueva York.
Zambada García, de 77 años, fue detenido en Estados Unidos el 25 de julio de 2024 tras décadas de permanecer prófugo. Está acusado de 17 cargos, entre ellos tráfico de drogas, lavado de dinero y conspiración criminal, en un expediente considerado de “gran complejidad” por el juez Brian Cogan, el mismo que condenó a Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Por la gravedad de los cargos, el capo del Cártel de Sinaloa podría haber enfrentado la pena capital en caso de ser hallado culpable, pero con esta decisión, su proceso continuará sin esa posibilidad.
En el caso de Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara y uno de los criminales más buscados durante décadas, enfrenta acusaciones por la dirección de una empresa criminal, conspiración para asesinar, distribución internacional de narcóticos y el asesinato del agente especial de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, perpetrado en 1985.
Caro Quintero fue entregado por el Gobierno de México a Estados Unidos el pasado 27 de febrero de 2025, en una operación conjunta con autoridades estadounidenses.
Ese mismo día también fue extraditado Vicente Carrillo Fuentes, quien tomó el control del Cártel de Juárez tras la muerte de su hermano, Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”. A Carrillo Fuentes se le imputa la importación y distribución de cocaína y mariguana, conspiración para asesinar testigos, así como homicidios cometidos para proteger la estructura de su organización criminal.
Pese a que los delitos atribuidos a los tres capos podrían haber ameritado la pena de muerte, el Departamento de Justicia estadounidense optó por desechar esa vía, una decisión que suele tomarse tras evaluaciones jurídicas, políticas y diplomáticas, particularmente en casos de extradición donde México no entrega acusados si existe la posibilidad de que reciban la pena capital.
