México, 28 de junio de 2025.- El pleno del Senado aprobó con 68 votos en pro y 35 en contra el dictamen a la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum para reformar la Ley Federal de Competencia Económica y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, con el objetivo de crear la Comisión Nacional Antimonopolio, organismo que sustituirá a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), con facultades ampliadas para garantizar la libre concurrencia y combatir prácticas monopólicas en todos los sectores económicos del país.
Esta propuesta forma parte de la reforma constitucional de simplificación orgánica publicada el 20 de diciembre de 2024, y plantea la transformación de Cofece en un organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Economía.
El nuevo ente tendrá personalidad jurídica y patrimonio propios, y contará con cinco comisionados propuestos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado.
Senadores de oposición calificaron como un retroceso preocupante la reforma, al señalar que centraliza funciones clave y debilita a los órganos autónomos.
El priista Miguel Ángel Riquelme advirtió que la iniciativa pone en riesgo décadas de avances bajo el pretexto de una simplificación administrativa.
“Hoy discutimos una reforma profundamente regresiva, que bajo el falso argumento de la simplificación administrativa pone en riesgo décadas de avances en materia de competencia económica. (…) La propuesta de centralizar estas funciones y crear una Comisión Nacional Antimonopolio subordinada al Ejecutivo representa un riesgo para la democracia económica, diluye su capacidad técnica, abre la puerta a presiones de intereses y reduce su incidencia independiente en las regulaciones y las leyes”, advirtió
Desde el PAN, el senador Marko Cortés acusó al oficialismo de concentrar el poder en la Presidencia.
“Le quitan atribuciones exclusivas al Poder Legislativo y le están dando más poder a la titular del Ejecutivo Federal, quitan los órganos autónomos con autonomía de gestión y crean brazos operadores dependientes del Ejecutivo Federal, (…) quieren todo el poder y todo el control, (…) lo que están haciendo es regresar a los peores momentos del control presidencialista más añejo, sacan la peor vena antidemocrática y autoritaria”, aseguró”.
Por su parte, Daniel Barreda, de Movimiento Ciudadano, afirmó que la reforma debilita la lucha contra las prácticas monopólicas y afecta la transparencia, la autonomía institucional y la competitividad del país.
“Representa en realidad un grave retroceso para la autonomía, para la transparencia y la eficacia en el combate a las prácticas monopólicas en México. Desde Movimiento Ciudadano enfatizamos claramente nuestra posición, estamos en contra de esta reforma porque creemos firmemente que debilita nuestras instituciones, perjudica a los ciudadanos que representamos y deteriora la competitividad y productividad económica del país”, dijo.
En contraste, la senadora morenista Blanca Judith Díaz defendió el proyecto al señalar que busca romper con una visión tecnocrática y elitista de la competencia económica.
“México requiere una política de competencia económica que no sólo atienda criterios formales sino que sea sensible a las realidades del país, capaz de reconocer que no existe una competencia auténtica cuando persisten asimetrías estructurales, concentraciones excesivas o condiciones históricas de desventaja para actores productivos, especialmente en regiones marginadas o sectores estratégicos”, posicionó.
Entre los cambios más relevantes está la reestructuración institucional del sistema de competencia, al derogarse el marco jurídico que sustentaba a la Cofece.
La nueva Comisión Antimonopolio será un ente con mayores atribuciones, cuyo mandato es vigilar e intervenir activamente en mercados donde se detecten prácticas anticompetitivas.
La reforma otorga herramientas más eficaces al Estado para enfrentar conductas anticompetitivas.
Se amplían las facultades de investigación, se endurecen las sanciones, y se agilizan los procedimientos.
Destaca el incremento en las multas: hasta 200 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) por obstruir verificaciones de la autoridad.
Además, se establece la posibilidad de inhabilitar hasta por cinco años a las empresas sancionadas por prácticas monopólicas absolutas para participar en procesos de contratación pública, cerrando el paso a quienes reincidan en este tipo de conductas.
Uno de los aspectos novedosos es la incorporación de un nuevo libro en la Ley de Competencia, el cual regula la participación cruzada en medios de comunicación, telecomunicaciones y radiodifusión, conforme al artículo 28 constitucional.
En casos de concentración indebida de frecuencias o concesiones, la Comisión podrá ordenar la desincorporación de activos, como medida para preservar la pluralidad en los medios y evitar posiciones dominantes.
Se amplían los mecanismos de colaboración con autoridades extranjeras, en cumplimiento de acuerdos como el T-MEC, lo cual facilitará investigaciones transnacionales sobre concentración o colusión empresarial.
También se extiende de uno a tres años el periodo para investigar concentraciones entre empresas y se promueve la transparencia, al establecer la publicación obligatoria de versiones estenográficas de las sesiones del pleno de la Comisión.
La reforma facilita que los consumidores puedan presentar acciones colectivas desde que la resolución administrativa de la Comisión quede firme, sin necesidad de esperar a que se agote un juicio en tribunales, fortaleciendo la defensa de derechos colectivos en casos de afectación por prácticas monopólicas.
Con el objetivo de incentivar la colaboración con las autoridades, se otorgan mayores beneficios a quienes se acerquen antes de que se inicien formalmente las investigaciones, y se redefine el procedimiento de reducción de multas o compromisos durante procesos judiciales.
Según lo establece el artículo Tercero Transitorio del decreto, la Cofece continuará en funciones de manera transitoria mientras se conforma el pleno de la nueva Comisión Nacional Antimonopolio.
El Ejecutivo Federal deberá enviar a la Cámara de Senadores los nombramientos de los comisionados que integrarán este nuevo órgano, en los términos del artículo 13 Bis de la ley reformada.
Los periodos de encargo de cada comisionado estarán escalonados y concluirán entre 2028 y 2032.
La minuta se turnó a la Cámara de Diputados para los efectos legislativos que correspondan.
